GettyImagenEl Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que pone límites a los créditos al consumo, una medida inédita en España.
La norma transpone las directivas europeas de crédito al consumo y pretende proteger a los clientes frente a intereses abusivos, especialmente en productos de alto coste como las tarjetas revolving y los microcréditos.
La futura ley abarcará tanto préstamos tradicionales ofrecidos por bancos como créditos rápidos y digitales, reflejando los cambios del mercado impulsados por la digitalización y nuevos operadores.
Según el Gobierno, el objetivo es reforzar la protección de los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a las empresas mediante reglas claras y homogéneas.
La novedad más destacada es el límite a la TAE (tasa anual equivalente). Para los préstamos de hasta 1.500 euros, la TAE no podrá superar el 22% (tipo medio del 7% más un margen de 15 puntos).
Para créditos entre 1.500 y 6.000 euros, el máximo será del 17%, y para los superiores a 6.000 euros, del 15%. Hasta que se publique el real decreto, el límite transitorio para nuevas operaciones será del 22%, aplicable también a las tarjetas revolving existentes.
Regulación de los créditos al consumo
La ley regula también los microcréditos de alto coste, que hasta ahora podían superar el 3.000% TAE.
A partir de ahora, estos préstamos deberán reembolsarse en un mínimo de tres meses, con un tipo de interés mensual máximo del 4%, una comisión máxima del 5% y un tope absoluto de 30 euros.
Por ejemplo, un microcrédito de 300 euros a 30 días, que hoy puede costar 103 euros, pasará a tener un coste máximo de 40 euros si se devuelve en tres meses o 20 euros si se paga al mes.
La norma endurece la publicidad y la información previa: los prestamistas de alto coste deberán detallar el coste total al menos 24 horas antes de la contratación, y queda prohibido resaltar la rapidez del crédito por encima del precio.
Además, solo podrán conceder créditos entidades registradas y supervisadas por el Banco de España, incluyendo dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado y los prestamistas de alto coste autorizados.
Por último, la ley refuerza la evaluación de solvencia para evitar sobreendeudamiento, obliga a consultar el historial crediticio y amplía los derechos del consumidor en contratos a distancia.
El anteproyecto se somete ahora a audiencia pública hasta el 30 de enero, abriendo un periodo de comentarios para perfeccionar la regulación y modernizar un mercado que representa ya el 15% del crédito a los hogares españoles.