El sistema de Muface, la mutualidad de los funcionarios civiles del Estado, atraviesa su peor crisis en 50 años. Las aseguradoras llevan meses advirtiendo que el modelo actual es «insostenible» y calculan que para finales de año las pérdidas del concierto vigente (que termina este mes y empezó en 2022) alcanzarán los 429 millones de euros.
Ante esta situación, las compañías exigieron al Gobierno una subida de las primas de casi un 40% para evitar seguir prestando servicios «a pérdidas». Su argumento principal es el envejecimiento de los mutualistas: cada vez son más mayores y, por lo tanto, más costosos para el sistema, ya que usan más frecuentemente las coberturas médicas.
Un modelo con dos patas tambaleantes
El modelo de Muface se sostiene sobre dos fuentes de ingresos:
- Aportaciones del Estado, que paga a las aseguradoras contratadas.
- Cotizaciones de los mutualistas activos, retenidas en sus nóminas, similar a las aportaciones de los trabajadores al régimen general de la Seguridad Social.
El problema está en que esta segunda fuente de ingresos, aunque menos relevante que el dinero público, se ha visto muy afectada por el envejecimiento de los funcionarios. Actualmente, más de 400.000 mutualistas están jubilados, el doble que en 2010. Al jubilarse, dejan de cotizar desde el primer mes, pero siguen beneficiándose del sistema de sanidad privada. Además, perciben su pensión a través del sistema de clases pasivas, que financia la Seguridad Social.
Este desajuste entre cotizantes y beneficiarios obliga al Gobierno a destinar cada vez más fondos públicos para mantener el sistema a flote.
Menos cotizantes, más gastos
El dato más preocupante es que menos de la mitad de las personas inscritas en Muface cotizan. En 2023, solo el 45,36% de los mutualistas son activos, frente al 49,4% que había en 2010, y la tendencia sigue a la baja.
Además, el número de beneficiarios (como cónyuges o hijos) también ha caído en los últimos años, principalmente por la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral. Esto se debe a que quienes cotizan en el régimen de la Seguridad Social no pueden pertenecer a Muface.
El verdadero reto, sin embargo, es atraer a los jóvenes funcionarios, que son menos costosos y contribuyen al sistema. Aunque más del 70% de los funcionarios en activo están en Muface, entre los más jóvenes el panorama es distinto: 7 de cada 10 eligen la sanidad pública, lo que asegura que el porcentaje de cotizantes seguirá cayendo con el tiempo.
¿Y las otras mutualidades?
Muface no es un caso aislado. Las otras dos grandes mutualidades públicas, Isfas (para militares) y Mugeju (para jueces y empleados de justicia), enfrentan problemas similares:
- Isfas: Aunque el número de cotizantes ha crecido, apenas representan el 41,4% del total, siendo el sistema con menor proporción de cotizantes. Eso sí, los beneficiarios han disminuido significativamente, con 60.000 personas menos en 13 años.
- Mugeju: Aquí, el tamaño reducido de la mutualidad agrava el problema. Aunque el número total de mutualistas se mantiene estable en 91.000, los jubilados (que no cotizan) se han duplicado, mientras que los cotizantes apenas han crecido en 2.000 personas.
¿Qué futuro le espera a Muface?
La falta de reemplazo generacional y la creciente carga financiera de los jubilados son señales de alarma que ponen en jaque la viabilidad del modelo. Sin una intervención rápida, como reformar el sistema de financiación o implementar incentivos más atractivos para los nuevos funcionarios, la crisis de Muface podría profundizarse aún más en los próximos años.
