La Audiencia Provincial de Alicante ha asestado un duro golpe a los planes de Vodafone España al anular la operación mediante la cual la compañía pretendía tomar el control de Finetwork, ordenando además revertir la ampliación de capital ejecutada en el proceso. Con esta resolución, el tribunal deja sin efecto una de las maniobras corporativas más relevantes en el ámbito reciente de las telecomunicaciones en España, al afectar directamente a la estructura de control de la operadora alicantina.
El plan de reestructuración de Wewi Mobile SL, empresa propietaria de Finetwork, ha sido declarado ineficaz, a pesar de haber sido previamente inscrito en el Registro Mercantil, según la sentencia. Este punto resulta especialmente significativo, ya que pone en cuestión la solidez jurídica de un proceso que había superado distintos filtros administrativos y legales. La decisión judicial introduce así un elemento de revisión sobre actuaciones que, hasta el momento, se consideraban plenamente válidas dentro del marco normativo vigente.
En este contexto, la resolución no solo afecta a la operación concreta, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica en procedimientos similares, al invalidar directamente un plan que ya se había formalizado.
De este modo, el fallo incide directamente en la estrategia de crecimiento y consolidación que Vodafone España venía desarrollando en el mercado, donde la adquisición del control de Finetwork se perfilaba como un movimiento clave.
Total desacuerdo
Fuentes de Vodafone España han manifestado su “total desacuerdo” con el fallo, calificándolo de “inaudito y sorprendente”.
La compañía advierte de que esta resolución genera una significativa incertidumbre jurídica, especialmente en un proceso que, según sostiene, los tribunales habían homologado conforme a la normativa vigente.
En este sentido, subrayan que la decisión altera un escenario que consideraban ya cerrado desde el punto de vista legal.
La empresa defiende que ha actuado “conforme a la ley en todo momento” y ha anunciado que recurrirá la sentencia utilizando todas las vías legales disponibles, incluyendo la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Asimismo, no descarta adoptar medidas adicionales para proteger sus derechos e intereses legítimos, en un intento por revertir los efectos de la resolución y salvaguardar su posición.
Cabe recordar que Vodafone España obtuvo en noviembre de 2025 todas las autorizaciones necesarias para completar la operación, en un contexto en el que Finetwork atravesaba un concurso de acreedores. Este proceso había permitido avanzar en la toma de control de la compañía en un momento delicado para su situación financiera. Sin embargo, la reciente decisión judicial supone un importante revés estratégico para la operadora, que ahora deberá replantear su posición en el mercado y redefinir su hoja de ruta en España a la luz de este nuevo escenario legal.

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