Carlos CuerpoDespués de varios años de medidas extraordinarias para contener el impacto de la crisis energética, una parte importante de las ayudas fiscales llega a su fin. A partir de este lunes, desaparecerán las rebajas impositivas aplicadas a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña, una decisión que marca el inicio de la retirada progresiva de algunas de las medidas adoptadas durante los años de fuerte inflación.
La medida afecta principalmente al IVA reducido que se había aplicado a estos suministros energéticos, así como a la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre la Electricidad, dos herramientas que el Gobierno utilizó para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre hogares y empresas.
El IPC muy por encima del BCE
El motivo de esta retirada es la moderación que ha experimentado la inflación durante los últimos meses. Aunque el IPC sigue situado en el 3,2%, muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo, los precios energéticos han mostrado una evolución más contenida que durante los momentos más críticos de la crisis.
Desde el Ejecutivo consideran que las condiciones actuales permiten iniciar la normalización fiscal. Sin embargo, la decisión llega en un contexto todavía marcado por la incertidumbre internacional y por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, factores que continúan influyendo sobre los mercados energéticos.
Para los consumidores, el impacto dependerá del nivel de consumo y de la evolución de los precios mayoristas de la energía. Aunque el regreso de los impuestos no implica automáticamente una fuerte subida de las facturas, sí supone la desaparición de parte del colchón fiscal que había ayudado a contener costes durante los últimos ejercicios.
Pese a esta retirada, algunas medidas de apoyo seguirán vigentes de momento. Continúan los descuentos reforzados del bono social eléctrico para consumidores vulnerables y determinadas ayudas dirigidas a sectores especialmente afectados por el incremento de costes energéticos.
Con esta decisión, España entra en una nueva fase de transición desde las políticas de emergencia hacia un escenario de mayor normalización económica, aunque con un ojo puesto en la evolución de la inflación y otro en unos mercados energéticos que siguen siendo imprevisibles.