La agencia Fitch ha publicado una nota en la que advierte de los efectos negativos que tiene la reforma fiscal de Cataluña en el resto de comunidades autónomas españolas. Dicha agencia considera que es «poco probable» que esta, acordada por los socialistas y ERC, se implante a corto plazo, debido a las dificultades que ofrece el tablero político actual. Por lo tanto, Fitch también descarta que la mentada reforma tenga un impacto «inmediato» en la deuda catalana, aunque asegura que esta autonomía saldría ganando al desequilibrar la balanza fiscal en su favor: sería «positiva» para su economía y reduciría el reparto de sus ingresos a otras regiones.
«No esperamos que la reforma sea implementada a corto plazo, pues se necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados para modificar las leyes de financiación regional». En este sentido, «el PSOE ha respaldado el acuerdo, pero se enfrenta a la oposición de otros partidos, particularmente a la del PP«, recuerda la mencionada agencia.
Asimismo, esta opina que «la reforma sería positiva para las finanzas de Cataluña, pero negativa para las regiones que actualmente se benefician de los fondos de compensación, porque Cataluña es un contribuyente neto considerable». Con el nuevo sistema, la mencionada autonomía poseería un sistema de financiación «mucho mayor que el de las regiones españolas pertenecientes al régimen común«. Del mismo modo, recalca que «Cataluña aporta más de lo que recibe porque es más rica que el promedio nacional».
No obstante, Fitch, estima que «las métricas de deuda catalana tendrían que mejorar drásticamente para que haya una mejora de la calificación, algo que consideramos poco probable a corto plazo». Además, afirma que el perfil crediticio individual de Cataluña es de bb-y su rating de incumplimiento emisor de BBB incorpora un aumento de 4 niveles a causa de la «alta probabilidad de apoyo ad hoc por parte del Estado».
En otro orden de cosas, la agencia de calificación alude al acuerdo alcanzado en julio entre el PSOE y ERC con el fin de traspasar Rodalies a la Generalitat, un pacto que considera «neutral» para las finanzas catalanas, ya que las entradas de efectivo se transferían a Renfe, que «es la compañía ferroviaria estatal».
