Ángel EscribanoEl Gobierno ha dado un paso definitivo en su pulso con la cúpula de Indra. La SEPI ha solicitado formalmente resolver el conflicto de intereses que rodea la operación con EM&E, lo que en la práctica implica la salida de su presidente, Ángel Escribano, antes de continuar con el proceso de fusión**.
La comunicación, remitida a la CNMV, explicita la “preocupación” del holding público por la influencia que este conflicto está teniendo en el análisis de la operación. Se trata del primer posicionamiento público del Estado en contra de avanzar en la integración en las condiciones actuales.
Un conflicto que bloquea la operación
El núcleo del problema radica en que Indra estudia adquirir una empresa vinculada directamente a su presidente, dirigida actualmente por su hermano, también presente en el consejo de administración. Para la SEPI, este escenario compromete la transparencia y la independencia del proceso.
“El conflicto de intereses debería despejarse antes de acometer el análisis”, señala el organismo público, que insiste en garantizar una decisión “lo más ventajosa para Indra”.
Impacto en los mercados y presión política
La reacción del mercado no se hizo esperar. Ante los rumores previos, las acciones de Indra registraron una caída del 4,19%, reflejando la incertidumbre sobre el futuro de la operación. La confirmación oficial llegó tras el cierre bursátil, en un intento de contener nuevas turbulencias.
Este movimiento evidencia el creciente descontento del Ejecutivo, que en los últimos meses había enfriado su apoyo a una operación inicialmente considerada estratégica en el contexto del auge del sector de defensa europeo.
Una operación clave para el sector defensa
La integración con EM&E permitiría a Indra ganar capacidad industrial, esencial para ejecutar contratos vinculados a los Programas Especiales de Modernización (PEM), con un valor conjunto superior a los 7.000 millones de euros.
Entre ellos destacan proyectos de artillería pesada, respaldados además por financiación pública en condiciones favorables. Sin embargo, estas ayudas ya han sido recurridas por Santa Bárbara Sistemas ante el Tribunal Supremo, lo que añade presión jurídica al proceso.
División entre accionistas
Con un 28% del capital, la SEPI es el principal accionista de Indra, pero necesita apoyos para forzar la destitución. Cuenta previsiblemente con el respaldo de Sapa Placencia, mientras que otros inversores como Amber Capital se oponen al relevo.
El fondo Third Point ya advirtió de una posible erosión del valor bursátil si la operación se frena, mostrando su apoyo a la fusión.
Cuenta atrás para una decisión clave
El desenlace podría producirse en el próximo consejo de administración de Indra. La continuidad de Ángel Escribano y el futuro de la operación con EM&E quedan ahora supeditados a una decisión que marcará el rumbo de la compañía y su papel en la industria de defensa europea.
La crisis abre un nuevo frente entre gobierno corporativo, intereses públicos y estrategia industrial, en uno de los movimientos empresariales más relevantes del año en España.