El mercado de fichajes español tendrá una nueva capa de vigilancia financiera. El Gobierno prepara una reforma de la normativa contra el blanqueo de capitales que obligará a los clubes de fútbol profesional a comunicar determinadas operaciones relacionadas con fichajes, traspasos y cambios en su accionariado, incorporando así a la industria del fútbol a un sistema de control reforzado sobre el origen y movimiento del dinero.
La medida forma parte del anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio y actualmente en proceso de tramitación.
El objetivo es actualizar una legislación que data de 2010 y adaptarla tanto al nuevo paquete europeo contra el blanqueo como a la aparición de nuevos canales financieros, desde los criptoactivos hasta operaciones económicas cada vez más complejas.
Los fichajes entran en el radar antiblanqueo
La inclusión del fútbol tiene especial relevancia por las enormes cantidades de dinero que mueve actualmente el mercado.
La nueva normativa reforzará las obligaciones de información de los clubes profesionales y pondrá el foco en operaciones relacionadas con jugadores y modificaciones relevantes en la propiedad de las entidades.
El momento resulta especialmente significativo. El mercado español acaba de cerrar el verano con aproximadamente 743 millones de euros invertidos en fichajes, lo que convierte a LaLiga en la cuarta competición europea con mayor gasto. La cifra queda muy lejos de los casi 4.000 millones desembolsados por los clubes de la Premier League, pero muestra la dimensión financiera que han adquirido las transferencias de futbolistas.
Un único fichaje puede superar ampliamente los 100 millones y generar pagos entre clubes, representantes y otros intermediarios situados en diferentes países. Esa complejidad internacional es precisamente uno de los elementos que las autoridades quieren controlar con mayor detalle.
También habrá más control sobre los accionistas
La vigilancia no se limitará al movimiento de futbolistas. Los cambios en el accionariado de los clubes también quedarán bajo un mayor escrutinio, algo especialmente relevante después de la transformación que ha experimentado la propiedad de numerosos equipos europeos.
Fondos de inversión, grandes fortunas internacionales y grupos empresariales han aumentado durante los últimos años su presencia en el fútbol. Las autoridades buscan disponer de mayor información sobre quién está realmente detrás del capital y facilitar la identificación del titular real de las sociedades, uno de los principios fundamentales de la normativa antiblanqueo.
El fútbol se suma así a otros sectores donde el elevado valor de las transacciones o la complejidad de determinadas estructuras empresariales puede dificultar el seguimiento del dinero.
Una ley que todavía debe pasar por el Parlamento
Las nuevas obligaciones todavía no están en vigor. El texto aprobado por el Gobierno es un anteproyecto, por lo que tendrá que superar el proceso de audiencia, convertirse posteriormente en proyecto de ley y conseguir la aprobación del Congreso y del Senado.
El calendario apunta a que el nuevo marco pueda entrar en funcionamiento en julio de 2027, coincidiendo con la implantación de la nueva arquitectura europea contra el blanqueo. Para los clubes profesionales, supondrá incorporar nuevas obligaciones de control a operaciones que ya están sometidas a regulación deportiva, fiscal y financiera.
El fútbol español acaba de cerrar un mercado con 743 millones de euros gastados en fichajes. La próxima temporada, cada vez que una parte de esos millones cambie de manos, las autoridades quieren tener más información sobre quién paga, quién cobra y quién está realmente detrás del dinero.
