El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han oficializado este lunes en Barcelona la puesta en marcha de Rodalies de Catalunya SME, SA, la nueva empresa mixta que asumirá progresivamente la gestión del servicio de cercanías en Cataluña, actualmente en manos de Renfe.
El acuerdo político lo firmaron la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y el presidente de Renfe, Álvaro Hernández Heredia, y culmina un compromiso largamente negociado entre el Govern y el Ejecutivo central.
La nueva sociedad estará participada en un 50,1% por Renfe y un 49,9% por la Generalitat.
No obstante, la compañía arranca con importantes retos por delante. Rodalies de Catalunya aún no dispone de licencia ferroviaria, certificado de seguridad ni plan de contingencias, documentos imprescindibles para operar y que deben ser autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Lo que trae Rodalies
El nacimiento de la empresa mixta se produce en un contexto marcado por incidencias recurrentes, averías y una histórica falta de inversión en la red de cercanías catalana.
La creación de esta sociedad fue una exigencia de ERC para apoyar las investiduras de Pedro Sánchez y del propio Illa.
El consejo de administración estará formado por nueve miembros, cinco designados por la Generalitat y cuatro por Renfe. Paneque presidirá el órgano, mientras que Òscar Playà, hasta ahora directivo de Metro de Barcelona, ejercerá como consejero delegado.
Illa ha defendido el alcance del proyecto asegurando que “no es un cambio de nombre, es un cambio de paradigma”, y ha subrayado la apuesta por la gestión de proximidad.
También ha destacado que “nunca antes habíamos tenido este grado de colaboración con el ministerio de Transportes”, ligando la mejora del servicio a nuevas inversiones y a la llegada de trenes.
Por su parte, Puente ha señalado que la empresa mixta “nace del acuerdo, para sumar capacidades y prestar un mejor servicio”, defendiendo la descentralización ferroviaria y la necesidad de reforzar la atención a los usuarios.
La nueva compañía contará con un presupuesto inicial de dos millones de euros y deberá diseñar el traspaso de 270 trenes, además de 1.500 trabajadores, garantizando —según la Generalitat— que “se respetarán y protegerán los derechos laborales”.
Queda pendiente, además, el traspaso de la línea R1 del Maresme, que la Generalitat quiere gestionar directamente junto con las infraestructuras, con la vista puesta incluso en crear una agencia de seguridad ferroviaria propia.
