AirbnbEl Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb el bloqueo inmediato de 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas publicados en su plataforma por infringir diversas normativas autonómicas en materia de publicidad.
Según ha informado este lunes el departamento que lidera Pablo Bustinduy, la decisión responde a la detección de incumplimientos sistemáticos de la normativa vigente en varias comunidades autónomas. Todos los anuncios afectados corresponden a viviendas completas de uso turístico, sin incluir habitaciones individuales.
Tres motivos clave para el bloqueo de Airbnb
La Dirección General de Consumo ha identificado tres causas principales que justifican la retirada de los anuncios:
Falta de número de licencia o registro, obligatorio en numerosas normativas autonómicas y considerado el incumplimiento más extendido.
Ausencia de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador, impidiendo saber si se trata de un particular o profesional, algo clave para determinar los derechos del consumidor.
Uso de números de licencia falsos o no válidos, lo que podría inducir a error o engaño a los usuarios.
El TSJM da la razón al Ministerio
La orden de bloqueo se ha concretado en tres resoluciones distintas dirigidas a Airbnb en los últimos meses. La plataforma recurrió judicialmente, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido ya un primer auto que avala la actuación del Ministerio y obliga a la empresa a retirar de inmediato 5.800 anuncios en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.
Sanciones en curso y más acciones en marcha frente Airbnb
El Ministerio abrió en diciembre de 2024 un expediente sancionador a una plataforma de alquiler turístico (presumiblemente Airbnb) por no cumplir con la normativa sobre número de licencia. Posteriormente, en febrero de 2025, amplió las sanciones a grandes gestoras de pisos turísticos por ocultar la naturaleza jurídica del arrendador. Estas acciones continúan su curso de forma paralela a la orden de bloqueo.
Además, el pasado 27 de marzo, se abrió otro expediente a la empresa Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos.
Compromiso político contra el descontrol turístico
El ministro Bustinduy ha reiterado su intención de colaborar con otras administraciones para combatir lo que ha calificado como “descontrol e ilegalidad generalizada” en el alquiler turístico. La medida busca fomentar el acceso a la vivienda y proteger a los consumidores.
El Ministerio ha señalado que está reforzando su compromiso con esta causa a través del trabajo de la Unidad de Análisis de Consumo, que recopila información y ofrece asistencia técnica a otras autoridades para combatir la proliferación de miles de anuncios ilícitos en plataformas como Airbnb.