GettyImagenLas empresas españolas destinan cada año alrededor de 28.500 millones de euros en tiempo de personal dedicado exclusivamente a reclamar pagos pendientes.
La cifra refleja una tensión de liquidez “estructural” en el tejido empresarial, según el Informe Europeo de Pagos 2026 elaborado por Intrum.
El estudio apunta además a un escenario económico marcado por la cautela. Aunque el 64% de las compañías declara intención de expansión —el dato más alto de los últimos cinco años—, el 48% prevé que la economía “se mantenga plana o se contraiga”, mientras que el 60% manifiesta preocupación por la “incertidumbre económica”.
En la operativa diaria, los plazos de pago siguen siendo un factor crítico. Las empresas conceden de media 44 días para abonar facturas entre compañías, pero el cobro efectivo se retrasa hasta los 62 días.
Este desfase provoca un efecto dominó que lleva al 57% de las organizaciones a pagar tarde a sus propios proveedores.
Intrum advierte de que “los pagos tardíos ya tienen un impacto directo en el negocio”. En concreto, el 52% de las empresas reconoce no haber alcanzado sus objetivos de crecimiento por esta causa, mientras que el 54% ha tenido dificultades para contratar personal en el último ejercicio.
El entorno internacional añade presión adicional. El 29% de las compañías considera el actual régimen arancelario una “amenaza seria” para su supervivencia en los próximos doce meses.
El balance de los pagos pendientes
El informe estima que este riesgo podría afectar a 917.000 empresas y 4,9 millones de empleos.
En paralelo, la digitalización comienza a modificar la gestión del riesgo de cobro. El uso de inteligencia artificial en esta área ha pasado del 60% al 70% en un año, con ahorros superiores al 33% en costes administrativos asociados.
Sin embargo, la adopción tecnológica es desigual. El 39% de las pymes aún no utiliza herramientas de IA, frente al 10% de las grandes empresas.
Entre las barreras destacan la falta de formación, con un 56% de compañías que reconoce no disponer de “competencias necesarias”, y la limitada comprensión normativa, ya que solo el 40% entiende cómo cumplir con la Ley de IA de la UE.
Aun así, el 62% ya emplea IA para automatizar recordatorios de pago y el 75% invierte en mejorar sistemas de cobro.
La prioridad es proteger una liquidez que el 61% de los directivos considera amenazada por la capacidad de pago de sus clientes.