Repsol, Moeve y BP, en la cuerda floja: 582 millones de euros en juego

El lío judicial más grande del sector petrolero en años ya tiene cifras oficiales: de los 582 millones de euros que la plataforma Afectados por las Petroleras reclama, 390 millones apuntan directamente a Repsol. Más de 139 millones a Moeve (antes conocida como Cepsa) y otros 51 millones a BP.

Toda esta movida arranca de documentos financieros validados por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) y el Banco Central de Irlanda. Además de datos confirmados por la propia asociación de afectados.

Le piden a Repsol más de 391 millones

En el caso de Repsol, el pasado 28 de marzo recibió una notificación del Juzgado de lo Mercantil nº15 de Madrid: 46 concesionarios piden 246,5 millones de euros en indemnizaciones, más 145 millones en intereses. O sea, más de 391 millones de euros. Según la petrolera, la demanda se basa en una infracción del derecho de la competencia, en concreto. La fijación indirecta de precios declarada por la CNMC en 2009.

Por parte de Moeve, la notificación llegó el 24 de marzo: 22 concesionarios exigen la nulidad de su relación contractual y daños por 89,6 millones de euros más intereses, o subsidiariamente 61 millones más intereses. Sumando todo, la reclamación se sitúa en 139,4 millones de euros. Moeve. De momento, ha optado por no hacer declaraciones y está preparando su defensa.

Y en el caso de BP, aunque aún no ha notificado oficialmente a los mercados, la plataforma de afectados asegura que la reclamación. Con intereses, sube hasta 51,1 millones de euros.

¿Qué significa todo esto? Que estas petroleras podrían enfrentarse a uno de los mayores reveses judiciales de su historia reciente si los tribunales fallan en su contra. Y no es todo: Moeve también arrastra una demanda previa de más de 32 millones de euros interpuesta en 2023 por más de 3.000 transportistas por la misma movida.

Una historia que viene de lejos

Todo este jaleo tiene raíces en 2009, cuando la CNMC sancionó a Repsol, Cepsa y BP por fijar indirectamente el precio de venta al público (PVP) a sus empresarios franquiciados. A través de cláusulas contractuales y prácticas comerciales que limitaban la competencia.