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Técnicas Reunidas percibirá 87,6 millones de euros del laudo por el proyecto en Reino Unido

Fachada de Técnicas Reunidas

Técnicas Reunidas y Samsung C&T percibirán 120 millones de euros netos de MGT Teesside tras el laudo dictado por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), que pone fin al procedimiento iniciado por el consorcio hispano-coreano en 2021.

La resolución corresponde al pasado 7 de este mes y ha sido comunicada por la ingeniería española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Del importe reconocido, Técnicas Reunidas recibirá el 73%, mientras que Samsung C&T cuenta con el 27% restante.

El arbitraje se inició después de que MGT Teesside rescindiera unilateralmente el contrato para construir la planta de biomasa Tees Renewable Energy Plant (Tees REP) y ejecutara los avales de fiel cumplimiento aportados por el consorcio.

¿Qué pasa con Técnicas Reunidas?

La promotora, participada por el grupo financiero australiano Macquarie y el fondo de pensiones danés PKA, tomó esa decisión en mayo de 2021, cuando los trabajos de construcción presentaban un avance superior al 99%.

Tras la rescisión, MGT Teesside ejecutó garantías bancarias por 118 millones de libras, equivalentes a 137,3 millones de euros, para financiar la finalización de la planta y cubrir importes pendientes.

El consorcio consideró ilegal la resolución contractual y reclamó la devolución de los fondos, pagos por trabajos ejecutados no certificados y una compensación por costes adicionales derivados de la pandemia. Sus pretensiones iniciales alcanzaban 195 millones de libras.

Por su parte, MGT Teesside formuló reclamaciones por 223 millones de libras. El contrato original, adjudicado en 2016, tenía un valor aproximado de 700 millones de euros.

La planta, ubicada en Teesside, al noreste de Inglaterra, cuenta con 299 MW de capacidad para generar electricidad y calor mediante tecnología de biomasa.

De forma paralela, Técnicas Reunidas ha comunicado otro litigio: un juzgado de Madrid levantó las medidas cautelares que impedían ejecutar avales por 133 millones de euros vinculados a un proyecto en Baréin.

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