El Gobierno español ha anunciado su propuesta para nombrar a Carlos Ocaña Orbis como nuevo consejero de Telefónica en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La decisión será ratificada en la reunión del consejo de administración de la compañía que se llevará a cabo este miércoles, confirmando así la salida de Carmen García de Andrés, quien actualmente ocupa el cargo de consejera independiente.
La SEPI posee un 6,169% del capital de Telefónica y con esta propuesta busca tener un representante directo en el consejo de la empresa de telecomunicaciones. Este cambio es parte de la estrategia de la SEPI, respaldada por el acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de diciembre de 2023, que autorizó al organismo a adquirir acciones de Telefónica hasta alcanzar el 10% del capital.
La vuelta del Estado al consejo de Telefónica
Carlos Ocaña Orbis tiene una sólida trayectoria en el sector público y privado. Actualmente, es miembro del Comité de Transformación Digital en Prisa y previamente fue director general del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011, durante el mandato de Miguel Sebastián. También formó parte del consejo de administración de Red.es durante el mismo periodo.
Este nombramiento por cooptación, pendiente de la aprobación formal en una futura junta de accionistas, marca la vuelta del Estado al consejo de Telefónica después de un periodo de ausencia. La SEPI, que se ha posicionado como el principal accionista de la compañía, busca aumentar su participación hasta un 10% para proporcionar mayor estabilidad accionarial y proteger las capacidades estratégicas de Telefónica, empresa clave en el sector de las telecomunicaciones y con importancia en áreas de defensa y seguridad nacional.
Además de su experiencia en el sector público y privado, Carlos Ocaña coescribió junto a Pedro Sánchez el libro «La nueva diplomacia económica española», publicado en 2013, donde se aborda la influencia de las relaciones económicas entre Estados y actores públicos y privados en la política exterior española.
Este movimiento, que refuerza la presencia del Estado en Telefónica, es parte de una estrategia más amplia para consolidar la estabilidad accionarial y proteger los intereses estratégicos en uno de los sectores más relevantes para la economía y la seguridad nacional.
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