GettyImagenTelefónica quiere sustituir el actual modelo regulado de acceso a sus infraestructuras por un acuerdo contractual de cinco años que elevaría un 116,4% el precio del alquiler de conductos y postes al término del periodo.
La propuesta ya ha dado el primer paso con la apertura, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), de una consulta pública que marcará el futuro de uno de los activos más estratégicos para el despliegue de fibra en España.
¿Cómo afecta la decisión de Telefónica a otras empresas?
La iniciativa afecta directamente a los operadores alternativos que utilizan la infraestructura pasiva de Telefónica para extender sus redes, de acuerdo con un reportaje de Cinco Días.
Todos los grandes competidores del operador histórico, con MasOrange al frente, rechazan el planteamiento al considerar que supone un incremento desproporcionado de costes.
La consulta abre un proceso regulatorio que se prolongará hasta finales de 2026 o principios de 2027.
Durante ese tiempo podrán presentar alegaciones empresas del sector, la Comisión Europea, los reguladores de los restantes Estados miembros de la Unión Europea, las comunidades autónomas y el Consejo de Consumidores y Usuarios. La decisión final corresponderá al nuevo consejo de la CNMC.
Operadores como MasOrange, Vodafone, Digi, Adamo, Avatel y Colt, junto a compañías mayoristas como PremiumFiber, Elanta, Lyntia y Onivia, trasladaron su oposición a la Comisión Europea. Argumentan que las canalizaciones constituyen un monopolio natural heredado de la antigua Telefónica pública y sostienen que replicar esa infraestructura resulta económicamente inviable.
¿Qué busca Telefónica?
El esquema diseñado por Telefónica concentra las mayores subidas en los primeros años de vigencia. La compañía plantea un incremento inicial del 30% sobre las cuotas recurrentes actuales, seguido de tres aumentos anuales del 16,96%.
En los dos últimos ejercicios, las tarifas se actualizarían con una previsión del IPC del 2%, mientras que las cuotas no recurrentes permanecerían sin cambios.
La infraestructura objeto del debate resulta esencial para el mercado español. Cerca de 370 compañías acceden actualmente a más de 120.000 kilómetros de conductos y postes, una red construida originalmente para las líneas de cobre y que posteriormente facilitó el despliegue masivo de fibra óptica, reduciendo significativamente los costes de inversión.
El impacto económico para Telefónica sería relevante. Según estimaciones de analistas, la compañía obtiene alrededor de 130 millones de euros anuales por el alquiler de estas infraestructuras.
Con la aplicación del nuevo modelo, esa cifra alcanzaría 273 millones de euros al año al finalizar el periodo de cinco años, lo que supondría un incremento de 143 millones de euros. Al no implicar inversiones adicionales ni mayores costes operativos, ese aumento repercutiría íntegramente en el ebitda y en el flujo de caja del operador.