GettyImagenTelefónica celebra este jueves su junta general de accionistas en un momento crítico para su gobierno corporativo.
La salida definitiva del BBVA del consejo, tras 19 años de presencia de José María Abril, marca un cambio de época en la compañía, que busca ahora un perfil más internacional y tecnológico en su órgano de administración.
El banco ha decidido desvincularse de la operadora al considerar que su participación del 5% ya no es estratégica, poniendo fin al histórico “núcleo duro” que garantizaba estabilidad en la gestión, según detalla El País en un reportaje.
Para cubrir esta vacante, la compañía propone a Jane Thompson, australiana, como consejera independiente, reforzando el enfoque tecnológico e internacional.
Además, se someterán a renovación otros miembros independientes, con el objetivo de cumplir los estándares de gobernanza y diversidad exigidos por los inversores institucionales.
Pero el punto más polémico se centra en las retribuciones de la anterior cúpula directiva. José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá percibieron un total de 78,4 millones de euros al dejar sus cargos, una cifra que ha generado críticas de fondos internacionales como Norges Bank, Calpers y Calstrs.
La objeción se centra en que el pago de cuatro anualidades de sueldo como indemnización excede los límites habituales de buen gobierno y debería haberse vinculado más a objetivos de largo plazo mediante acciones bloqueadas.
Los asesores de voto ISS y Glass Lewis han respaldado esta posición, cuestionando la relación entre las remuneraciones y el desempeño bursátil de la compañía, que ha descendido un 16% en el último año.
El momento de Telefónica
Telefónica intenta aplacar las críticas presentando un nuevo plan de retribuciones que entrará en vigor en 2027, limitando los pagos por cese a dos anualidades y prohibiendo cobrar simultáneamente indemnización y derechos del plan de previsión social.
En lo ordinario, la junta aprobará un dividendo de 0,15 euros por acción, ratificará la auditoría de PwC y validará las cuentas de 2025, un ejercicio marcado por cambios en la cúpula y la entrada de nuevos socios estratégicos.
El resultado de la votación dependerá del apoyo de los accionistas mayoritarios, incluyendo al Estado a través de la SEPI, que podría equilibrar el peso de los votos internacionales críticos.