Antonio Garamendi, presidente de la CEOEEl presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ratificó su rechazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, argumentando que la medida tendrá un alto coste para las empresas, especialmente para las pymes y los autónomos.
Garamendi calificó la propuesta del Ministerio de Trabajo como una «trampa» y puso en duda que el Gobierno asuma el coste estimado de 23.000 millones de euros.
Según el líder empresarial, la reducción de jornada no solo implica un problema económico, sino también organizativo para muchas compañías, debido a los turnos y la distribución de tareas.
Desde la patronal, se insiste en que este tipo de cambios deben abordarse en el marco de la negociación colectiva, como ocurrió históricamente con la reducción de horas y el aumento de salarios.
«No se puede imponer por ley», señaló Garamendi, subrayando que actualmente la jornada media en España es de 38,3 horas semanales.
El presidente de la CEOE advirtió que la reducción de jornada perjudicará en mayor medida a los autónomos y a las pequeñas empresas con menos de cinco trabajadores, que ya enfrentan dificultades debido al incremento de costes laborales.
“Se pueden ahorrar las ayudas a las pymes si no haces el daño. Te voy a hacer daño, luego voy a ver si a ti te doy y al otro no le doy, yo creo que eso no es así”, dijo el presidente de la CEOE.
Además, negó la idea de que menos horas de trabajo se traduzcan automáticamente en mayor productividad.
«Depende del sector», dijo, destacando que los pequeños comercios, el campo y la hostelería serían los más afectados por la medida.
Garamendi pide audiencia al Parlamento
A pesar de su oposición, Garamendi valoró que la medida se tramite como un anteproyecto de ley en lugar de un decreto, lo que permitirá a los empresarios exponer su postura ante los grupos parlamentarios.
“Nosotros, legítima y moderadamente, con nuestras opiniones, explicaremos a todos los grupos políticos, y digo a todos, cuál es nuestra posición. Y el Parlamento decidirá. Si nos atiende, pues nos parecerá razonable, y si no nos atiende, será un error”, dijo.
Garamendi acusó al Gobierno de llevar a cabo un «monólogo social» en lugar de un verdadero diálogo con los agentes económicos.
Según el empresario, el Ministerio de Trabajo utilizó la reducción de jornada como una herramienta política y de comunicación, sin atender las preocupaciones del sector empresarial.
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