El Gobierno firmó este jueves el Protocolo de acompañamiento para personas trans en el ámbito de la empresa.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, rubricó el acuerdo junto a representantes de UGT y CCOO, en un acto que contó con la intervención de la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias.
El protocolo tiene como objetivo que las empresas asuman un compromiso explícito con los derechos humanos y laborales de las personas trans, garantizando que no existan discriminaciones por identidad de género o expresión sexual.
Según Díaz, este acuerdo convierte a España en referencia internacional en derechos laborales para el colectivo LGTBI+, frente a lo que denominó “fuerzas del odio” que amenazan estos derechos en otros países.
Entre sus principales recomendaciones, el protocolo insta a las compañías a reconocer y respetar el género manifestado por la persona trabajadora, favorecer un lenguaje inclusivo y respetar los pronombres, aunque no estén legalmente registrados.
Además, se centra en la protección de la dignidad y la intimidad durante todo el proceso de transición, con garantías de confidencialidad y exclusión de represalias o trato vejatorio.
Protocolo para personas trans
El documento también establece un procedimiento de acompañamiento estructurado, que incluye la comunicación voluntaria de la persona trabajadora a un responsable de la empresa, la posible creación de comisiones paritarias y la participación activa del trabajador y de la representación legal.
Las empresas deberán facilitar permisos retribuidos para atención médica o trámites administrativos, actualizar contratos, nóminas y sistemas internos, y garantizar medidas de seguimiento y desarrollo profesional.
Los sindicatos enfatizan que estas medidas no son simbólicas, sino herramientas para integrar plenamente a las personas trans en el ámbito laboral.
Como recordó Paula Iglesias, solo tres de cada diez personas LGTBI+ son visibles en su trabajo, lo que limita derechos y afecta la productividad y la salud mental.
Finalmente, los responsables sindicales subrayan que, aunque la firma es un avance, aún queda mucho por hacer.
La protección laboral debe combinarse con acciones de sensibilización, supervisión de derechos y acompañamiento constante, asegurando que las empresas se conviertan en espacios inclusivos y seguros para todo el talento.

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