Avatel Telecom, una empresa especializada en telecomunicaciones en áreas rurales, ha propuesto recientemente un despido colectivo que afectará a 849 empleados, lo que representa más del 40% de su fuerza laboral total, que ascendía a más de 2000 trabajadores a finales del año pasado.
Esta medida, según lo explicado por la empresa, surge como respuesta a las ineficiencias generadas por su estrategia de adquisiciones y la necesidad de mejorar la eficiencia operativa. El modelo de negocio de Avatel ha consistido en la adquisición de pequeños operadores locales para luego fusionarlos en un solo grupo. En este proceso, han llegado a comprar hasta 182 empresas, pero parece que esta etapa de expansión ha llegado a su fin.
«El sector de las telecomunicaciones requiere un alto grado de concentración para ser rentable y sostenible. Para ello, Avatel ha seguido una estrategia en la que la fase de crecimiento de la compañía se ha cumplido en forma y tiempo con éxito, dando pie al inicio de la fase de ajuste y consolidación de su posición y competitividad a largo plazo«, indicó la empresa en un comunicado.
El operador afirma que la decisión de implementar este despido colectivo surge después de realizar un exhaustivo estudio sobre la organización de la plantilla, con el objetivo de optimizar y simplificar sus estructuras, y asegura que tiene la voluntad de alcanzar un acuerdo con los sindicatos.
Avatel adquirió más empresas de las que ha podido gestionar
En comparación con otros procesos similares en el sector, este despido colectivo es aproximadamente el doble de los últimos despidos realizados tanto en Orange como en Vodafone hace dos años, los cuales fueron de carácter voluntario, al igual que el último ERE de Telefónica, que afectó a 3.421 trabajadores.
Estas salidas se producen después de que Avatel haya sido uno de los principales receptores de fondos europeos para expandir la fibra óptica en áreas rurales, lo que podría llevar el caso a tener un cariz político ante la presión sindical. El grupo ha recibido un total de 291 millones de euros en fondos públicos para estos fines.
El informe de la agencia Ethifinance, que evalúa el riesgo de la deuda, señaló recientemente que el grupo tiene una «autonomía financiera muy limitada» si se excluyen los fondos públicos, dada la expansión inorgánica que estaba llevando a cabo y que parece llegar a su fin con este ERE.
A finales de 2023, el grupo tenía una deuda financiera neta de 551 millones de euros, unas 6,4 veces su beneficio bruto de 2023.
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