La Generalitat de Catalunya ha elevado la presión sobre Uber y urge a la Fiscalía a investigar si la compañía podría estar incurriendo en un delito contra los derechos de sus repartidores, al considerar que mantiene un modelo laboral contrario a la legislación vigente.
Desde el Govern catalán reclaman una actuación inmediata del Ministerio de Trabajo para activar la vía penal si la plataforma no abandona el uso de repartidores autónomos, reseña un reportaje de El Periódico.
El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, subraya que “es imprescindible que el Ministerio de Trabajo actúe para revertir la situación actual en la que está operando Uber”, en referencia al sistema mixto que combina repartidores subcontratados con otros dados de alta como autónomos.
Un modelo que, según el criterio mayoritario de los tribunales, encajaría en la figura de falsos autónomos.
Desde la administración catalana consideran prioritario que Uber opere bajo las mismas reglas que el resto del sector, especialmente tras el cambio de modelo de Glovo.
“Todos deben jugar con las mismas reglas”, insisten desde el Govern, que defiende que la ley obliga a contratar a los repartidores como asalariados cuando existe una relación laboral encubierta.
La preocupación no es solo política, sino también jurídica. Tanto la Generalitat como el Ministerio de Trabajo valoran que la situación podría encajar en el artículo 311 del Código Penal, que sanciona a quienes “impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo” pese a requerimientos administrativos.
Las sanciones de Uber
Hasta octubre de este año, Uber ha sido sancionada con al menos 23,2 millones de euros por cuotas impagadas a la Seguridad Social e infracciones laborales, aunque la Audiencia Nacional ha anulado gran parte de esas multas.
Pese a ello, la Inspección de Trabajo mantiene abierta una macroinvestigación que afecta a más de 10.000 repartidores en toda España, con indicios adicionales de empleo irregular de personas migrantes.
El sector del ‘delivery’ vive así un momento clave. Uber es el segundo operador del mercado español, con una cuota del 28,5%, frente al 53,8% de Glovo. Precisamente, la Generalitat ha escenificado su respaldo a la compañía fundada en Barcelona tras su transición al modelo laboral exigido.

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