GettyImagenEl Gobierno activará la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales con la aprobación en el Consejo de Ministros de un anteproyecto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT, y rechazado por la patronal CEOE.
El texto iniciará así su tramitación antes de llegar al Congreso, donde su aprobación se prevé complicada por la falta de apoyos parlamentarios.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha justificado la iniciativa al señalar que se trata de una normativa obsoleta.
“Las relaciones laborales y los modelos productivos han cambiado de manera radical desde entonces. Desde esa ley vamos a abordar una prevención de riesgos que se acomode a los nuevos tiempos”, afirmó durante la presentación del proyecto.
El anteproyecto plantea la creación de la figura del agente territorial de prevención, destinado a pequeñas empresas de menos de diez trabajadores, donde se concentra una parte relevante de la siniestralidad laboral. También refuerza el control sobre los servicios de prevención externalizados.
Entre las modificaciones, el texto eleva las exigencias para la implantación de servicios de prevención propios, que pasarán a ser obligatorios a partir de 300 trabajadores, frente a los 500 actuales.
En el sector de la construcción el umbral se reduce a 150 empleados.
Además, se refuerzan las obligaciones en materia de coordinación preventiva y se introducen criterios vinculados a riesgos psicosociales, crisis climática, edad y género, así como el derecho a la desconexión digital.
El proyecto busca responder a los datos de siniestralidad laboral. En 2025 se registraron 584 muertes en accidentes de trabajo en jornada, con un aumento en el sector de la construcción, que pasó de 135 a 164 fallecidos.
Posiciones sobre accidentes laborales
Los sindicatos han reclamado acelerar su aprobación e incluso desarrollar partes del acuerdo mediante reales decretos ante la dificultad parlamentaria.
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, expresó su rechazo a la demora del proceso legislativo y defendió la necesidad de avanzar en medidas concretas para reducir la siniestralidad.
En paralelo, las organizaciones empresariales han criticado el enfoque del proyecto y han pedido reabrir el diálogo social.
CEOE y Cepyme acusan al Ejecutivo de haber excluido a la patronal del acuerdo y reclaman un proceso negociador más amplio.
España presenta una tasa de siniestralidad de 1,71 muertes por cada 100.000 trabajadores, por encima de la media europea, según Eurostat, y lejos de los niveles de países como Países Bajos o Alemania.