GettyImagenLa propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2026 entra esta semana en la agenda económica del Gobierno.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció que la iniciativa se elevará este martes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El anuncio se produjo en Mataró (Barcelona), durante la presentación de la ciudad como capital española de la Economía Social 2026, donde Díaz defendió la política salarial del Ejecutivo como una de sus principales señas de identidad.
Las subidas del SMI, afirmó, son la prueba de que se trata de «un Gobierno que está mejorando la vida de la gente».
La ministra fue más allá al reivindicar el respaldo social a estas medidas: «Es que estamos haciendo cosas que no hace nadie. Y que yo sé muy bien que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país voten a quien voten, valoran muy bien». Un mensaje dirigido tanto al electorado como a los agentes sociales.
Discusiones sobre el SMI
El incremento planteado, del 3,1% para 2026, se pactó por el Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT, y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El acuerdo, sin embargo, no cuenta con el aval de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que han vuelto a desmarcarse del consenso en la mesa de diálogo social.
El encargado de comunicar el cierre del pacto fue el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión negociadora.
Desde el Ejecutivo subrayan que la medida busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, en un contexto aún marcado por la persistencia de tensiones inflacionistas y una desaceleración económica moderada en algunos sectores.
Con esta actualización, el SMI consolida su tendencia alcista de los últimos años y refuerza su papel como herramienta de redistribución de rentas.
Los sindicatos destacan su impacto positivo en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios personales, donde el salario mínimo actúa como referencia clave.
En el ámbito empresarial, las patronales alertan del efecto sobre los costes laborales y la competitividad de las pymes, especialmente en territorios con menor productividad.
Mientras tanto, las empresas ya analizan los ajustes necesarios en presupuestos y estructuras salariales para adaptarse a la nueva referencia legal si la propuesta recibe luz verde definitiva.