Getty ImagesEuropa redobla la presión sobre España para reformar el despido improcedente.
El Consejo de Europa ha vuelto a reclamar cambios en la normativa laboral española al considerar que el actual sistema de indemnizaciones no cumple con los estándares recogidos en la Carta Social Europea.
La recomendación, aprobada por el Comité de Ministros de la institución, supone un nuevo aviso a las autoridades españolas para adaptar la legislación vigente.
La petición se produce tras las resoluciones emitidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que concluyó que el modelo español de compensación por despido improcedente vulnera los principios recogidos en el tratado internacional ratificado por España en 2021.
¿Qué pide Europa a España en temas de despidos?
El Consejo de Europa insta al Gobierno a “proceder a la revisión y modificación de la legislación pertinente” para garantizar que las indemnizaciones tengan en cuenta el perjuicio real sufrido por cada trabajador y las circunstancias específicas de cada caso.
Además, la institución europea solicita que las compensaciones por despidos sin causa válida sean suficientemente disuasorias para las empresas.
En este sentido, pide “proseguir los esfuerzos para garantizar que el importe de las indemnizaciones, tanto por daños materiales como morales, concedidas a las víctimas de despido sin causa válida (…) sea disuasorio para el empleador”.
Otra de las exigencias planteadas pasa por reforzar el papel de los tribunales. Estrasburgo reclama a España “adoptar medidas para garantizar que los tribunales nacionales puedan valorar la procedencia de la readmisión en consulta con las partes del procedimiento”.
¿Por qué actúa el Consejo de Europa?
El origen del conflicto reside en el sistema español de cálculo de las indemnizaciones por despido improcedente, fijado actualmente en 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, además de las condiciones aplicables a periodos anteriores a la reforma laboral de 2012.
Según la interpretación del CEDS, este modelo no siempre asegura una reparación adecuada, especialmente en contratos de corta duración.
La cuestión ha generado un intenso debate jurídico y político. Mientras el Ministerio de Trabajo y los sindicatos defienden una reforma para adaptar la normativa a los criterios europeos, las organizaciones empresariales y el Ministerio de Economía rechazan modificar el sistema actual.
La nueva recomendación del Consejo de Europa aumenta la presión sobre el Ejecutivo para avanzar en una reforma que, por ahora, carece de consenso tanto entre los agentes sociales como dentro del propio Gobierno.