GettyImagenGlovo ha comunicado a los sindicatos su intención de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría impactar a un máximo de 750 repartidores en 60 ciudades españolas.
La medida llega apenas un año después de que la compañía completara su transición a un modelo laboral asalariado, tras años de presión del Gobierno y de la justicia para eliminar su esquema de falsos autónomos.
Según la empresa, la decisión responde a la necesidad de ajustar su operativa en ciertas localidades para garantizar la viabilidad de la plataforma.
La app continuará funcionando con normalidad en el resto de ciudades, que suman más de 800, mientras se concentran los recortes en provincias como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Cádiz, Tarragona, Girona, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Las Palmas y Gipuzkoa, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Los sindicatos, especialmente CC OO, ya habían alertado de un posible ERE encubierto tras detectar despidos recurrentes en la compañía.
Esta semana formalizaron una denuncia ante la Audiencia Nacional, señalando que Glovo ha superado los 30 despidos en los últimos 90 días, cifra que obliga a la empresa a presentar un procedimiento formal. CC OO reclama que se anulen los despidos injustificados y se readmita a los afectados.
Los efectos de Glovo
El impacto no se limita a los trabajadores directamente contratados. Glovo también opera con subcontratas, elevando el número total de repartidores en España a unos 21.000, y los sindicatos advierten de un posible aumento de la cesión ilegal de personal tras la ejecución de los despidos.
Desde la compañía, fuentes cercanas explican que el ERE está motivado por la contracción de la disponibilidad de la plataforma en ciudades medianas y pequeñas y por dificultades operativas, y aseguran que la medida permitirá consolidar su modelo operativo y mantener la calidad del servicio a usuarios y comercios.