Oficina de EmpleoEl Gobierno encara una nueva fase en la renovación de la Administración con la aprobación inminente de la oferta de empleo público (OEP) para 2026.
El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha confirmado que el Ejecutivo llevará este martes la propuesta al Consejo de Ministros, en un contexto marcado por la digitalización y la reorganización del empleo público.
La nueva convocatoria se plantea como una herramienta para adaptar la estructura del empleo público a las nuevas demandas tecnológicas, con especial atención a perfiles vinculados a la inteligencia artificial.
Según López, será “un ejemplo de cómo transformar empleos para digitalizar la Administración Pública, para tener expertos en IA y a la vez no destruir empleo, sino crearlo”.
El planteamiento del Ejecutivo busca conjugar modernización y estabilidad laboral. En este sentido, el ministro ha insistido en que la digitalización no implicará una reducción de plantillas, sino una reasignación de funciones orientada a mejorar los servicios públicos.
“Va a ser un ejemplo de cómo se puede seguir manteniendo una creación de empleo como está haciendo España (…) mientras transforma empleos”, ha señalado.
El empleo público
Este enfoque se produce tras un ciclo de expansión del empleo público en los últimos años. López ha defendido que el actual Gobierno ha revertido los recortes aplicados anteriormente, aunque ha advertido de que el crecimiento no será indefinido.
“Hemos revertido los recortes (…) nos mantenemos en ese pico de la montaña, con una creación neta de empleo (…) y a la vez estamos digitalizando, sin destruir empleo”, ha remarcado.
Pese a la inminente aprobación, persisten dudas sobre el alcance real de la oferta. Las organizaciones sindicales han criticado la falta de información sobre el número total de plazas y no han dado su respaldo a la propuesta, tras varias reuniones en la Mesa General de la Administración General del Estado.
Como referencia, la OEP de 2025 incluyó 36.588 plazas, un 9% menos que el récord del año anterior. De ellas, 26.889 correspondieron a la Administración General del Estado, con un peso mayoritario de nuevas incorporaciones.