GettyImagenEl ministro Óscar López ha confirmado que la jornada de 35 horas semanales será una realidad en la primera quincena de abril, culminando un proceso de negociación que se ha prolongado durante meses con los principales sindicatos.
La medida afectará a más de 246.000 empleados públicos, entre funcionarios, personal laboral y estatutarios.
Se trata de un cambio estructural que busca homogeneizar condiciones laborales sin comprometer la prestación de servicios, una de las principales preocupaciones durante la negociación.
El despliegue normativo será inmediato. Función Pública publicará en los próximos días una resolución que fijará los criterios generales, aunque la aplicación concreta se negociará en cada ámbito sectorial, especialmente en aquellos con particularidades como Instituciones Penitenciarias o servicios con turnicidad.
Uno de los puntos clave del acuerdo ha sido la extensión de la medida a colectivos inicialmente excluidos.
La propuesta inicial planteaba limitar las 35 horas a jornadas ordinarias de lunes a viernes, pero finalmente se ha optado por una aplicación más amplia para evitar desigualdades internas dentro de la propia Administración.
En paralelo, el nuevo marco contempla ajustes en regímenes especiales. Las jornadas de especial dedicación se reducirán proporcionalmente, pasando de 40 a 37,5 horas, mientras que otros esquemas horarios se adaptarán mediante negociación específica.
El plan sobre la jornada laboral
El objetivo es mantener el equilibrio entre reducción de jornada y continuidad operativa.
El respaldo sindical ha sido determinante. UGT fue el primer sindicato en avalar el acuerdo, al que posteriormente se sumaron CCOO y CSIF, aunque con matices.
Todos coinciden en que la medida responde a una reivindicación histórica del sector público, pero advierten de la necesidad de acompasarla con una oferta de empleo suficiente.
De hecho, uno de los retos pendientes será garantizar que la reducción de jornada no derive en una merma del servicio.
En este sentido, los sindicatos insisten en que la implantación debe ir acompañada de refuerzos de plantilla y planificación organizativa.
La recuperación de las 35 horas se enmarca en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en 2022.
Su entrada en vigor supone, en la práctica, un giro en la política laboral del sector público, que busca modernizar condiciones y alinearlas con estándares más flexibles.