El expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica ha alcanzado ya las 5.692 personas afectadas, tras sumar este martes 373 salidas en Telefónica Global Solutions (140, el 21,94% de su plantilla) y Telefónica Innovación Digital (233, el 23,46%). La cifra podría seguir aumentando, ya que aún se espera conocer el impacto en Telefónica SA, el centro corporativo. En conjunto, el ajuste alcanza hasta ahora al 35,1% de los 16.188 trabajadores de las seis filiales afectadas.
La información sobre los despidos se está conociendo de forma gradual, debido a que la empresa ha optado por negociaciones individuales por división, lo que podría provocar diferencias en las condiciones de salida entre departamentos. Los sindicatos han insistido en que pelearán para que todos los trabajadores tengan un escenario homogéneo.
El grueso de los recortes fue comunicado a los sindicatos este lunes, destacando que Telefónica de España sería la división más afectada con 3.649 salidas (41% de su plantilla). Le siguen Telefónica Móviles (1.124, 31%) y Telefónica Soluciones (267, 24%). Para Movistar+, se ha constituido ya la mesa de negociación con un planteamiento inicial de 279 salidas (32% de su personal).
A la espera de las negociaciones
Históricamente, las cifras iniciales suelen rebajarse durante las negociaciones: en el último ERE de 2024, la afectación pasó de 5.124 a 3.421 trabajadores tras ajustes y acuerdos.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, calificó de “indecente” la aplicación del ERE en una compañía con beneficios y participación pública, dado que el Estado, a través de la SEPI, es accionista tras adquirir el 10% del capital en 2024.
Este nuevo ajuste se suma a décadas de reducciones: desde 1997, la plantilla en España ha caído de 67.000 a 25.000 empleados. Entre los ERE más recientes se incluyen los de 2024 y planes de bajas incentivadas en 2021, 2019 y 2015, así como el gran ajuste ejecutado entre 2011 y 2012 bajo César Alierta, con miles de salidas y costos multimillonarios.
El proceso actual de negociación tendrá un plazo de 30 días, donde la dirección y los representantes de los trabajadores definirán el número final de despidos y las condiciones económicas de salida.
