El Gobierno avanza en la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que se incrementará un 3,1% y alcanzará los 1.221 euros mensuales en catorce pagas.
El real decreto que lo regula se encuentra en fase final de tramitación y podría aprobarse entre mediados y finales de febrero, con el objetivo de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en un plazo máximo de tres semanas.
Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa posterior a la publicación de los datos de paro.
“La subida del salario mínimo interprofesional para 2026 es inminente (…). Aplicaremos esa medida de manera retroactiva”, ha señalado, despejando las dudas surgidas tras la caída del decreto del escudo social en el Congreso.
El responsable de Trabajo ha aclarado que la prórroga del SMI de 2025 no se incluirá en el real decreto-ley que aprobará el Consejo de Ministros este martes.
La razón, ha explicado, es que el Ejecutivo entiende que no resulta imprescindible, dado el inminente aumento del salario mínimo y la garantía jurídica ya existente.
En este sentido, Pérez Rey ha recordado que la Dirección General de Trabajo ha emitido una circular interpretativa para trasladar tranquilidad a los trabajadores.
Según ha subrayado, dicha circular reafirma que “la función de suelo salarial del salario mínimo interprofesional no puede desaparecer en ningún caso”, incluso tras la no convalidación del decreto anterior.
El secretario de Estado ha añadido que “ya no podía ser una prórroga en sentido estricto una vez que ya estamos bien metidos en el año 2026”, justificando así la decisión del Ministerio de no incluirla en el nuevo texto legal.
Además del salario mínimo
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha confirmado que la reforma de las reglas de absorción y compensación de los complementos salariales no se aprobará de forma simultánea a la subida del SMI.
Según Pérez Rey, se trata de una cuestión técnica y normativa, ya que la actualización del salario mínimo es un procedimiento más ágil que una modificación estructural del decreto.
No obstante, el Ejecutivo mantiene su compromiso de avanzar en esta reforma “en breves”, dentro de un proceso legislativo más amplio para adaptar el ordenamiento jurídico español a la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que afectará también al funcionamiento de la comisión de expertos y a otros elementos clave del sistema.