GettyImagenUber Eats ha reconocido una deuda de alrededor de 110 millones de euros con la Seguridad Social por cotizaciones no abonadas correspondientes a unos 60.000 repartidores que fueron dados de alta como falsos autónomos.
El reconocimiento se produce en el marco del proceso de regularización del modelo laboral de la plataforma en España.
La compañía asume así el impacto de su pasado esquema de contratación, tras años operando con repartidores que trabajaban como autónomos, una fórmula que no cumplía con los criterios de laboralidad exigidos por la normativa española.
El movimiento llega después de que Uber Eats anunciara en enero su decisión de dejar de operar con repartidores autónomos en España.
La empresa da ahora cumplimiento efectivo a ese compromiso, integrando en el sistema de cotizaciones a la plantilla afectada por su anterior modelo.
La Inspección de Trabajo inició en julio del año pasado una investigación sobre la plataforma para comprobar si su sistema de contratación se ajustaba a la llamada ‘Ley Rider’.
En marzo de este año, el organismo concluyó sus actuaciones con una reclamación de 110 millones de euros y la identificación de 60.000 altas irregulares.
Los controles para Uber Eats
El caso se enmarca en el endurecimiento del control sobre el sector de reparto digital, donde la Administración ha intensificado la vigilancia sobre la figura del falso autónomo. Este proceso ha derivado en actuaciones similares en otras plataformas del sector.
La denominada ‘Ley Rider’, en vigor desde agosto de 2021, establece la presunción de laboralidad de los repartidores que trabajan para plataformas digitales, obligando a las empresas a contratarlos como asalariados. La norma fue fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha supervisado la aplicación de esta legislación, reforzada por la doctrina del Tribunal Supremo, que en 2020 ya determinó que los riders son trabajadores por cuenta ajena.