Andrés RitterLa Unión Europea ya tiene sucesor para dirigir la Fiscalía Europea. Los Veintisiete acordaron este lunes designar al fiscal alemán Andrés Ritter como nuevo jefe del organismo encargado de investigar delitos que afectan al presupuesto comunitario. Su mandato comenzará el 1 de noviembre de 2026.
El nombramiento supone el relevo de la actual fiscal general europea, Laura Codruța Kövesi, cuyo mandato finaliza el 30 de octubre de ese mismo año.
La decisión es fruto de un acuerdo político entre el Consejo —que representa a los gobiernos— y el Parlamento Europeo.
La designación de Ritter marca un nuevo capítulo en la consolidación de la Fiscalía Europea como pieza clave en la protección de los recursos financieros de la UE.
Tras la aprobación por parte de los Estados miembros, el nombramiento deberá ser confirmado formalmente por el pleno de la Eurocámara.
Ritter cuenta con una trayectoria de más de tres décadas dentro del Ministerio Público alemán. Se incorporó a la Fiscalía en 1995 y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en varias oficinas judiciales del país.
Desde 2020 se desempeña como fiscal jefe adjunto europeo, una posición desde la que ha participado directamente en la estructura de coordinación de investigaciones a nivel comunitario.
Su experiencia dentro de la propia institución lo coloca como una figura de continuidad en el modelo de trabajo del organismo.
El trabajo en la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) es un organismo independiente de la Unión Europea creado para investigar, perseguir y llevar a juicio delitos que perjudican los intereses financieros del bloque.
Entre estos casos se encuentran fraudes a los fondos europeos, delitos de corrupción o fraudes transfronterizos relacionados con el IVA cuando superan los 10 millones de euros, ámbitos en los que las autoridades nacionales y europeas deben coordinarse estrechamente.
El fiscal general europeo desempeña un papel central dentro de esta arquitectura institucional. Es el responsable de dirigir la Fiscalía Europea, organizar sus investigaciones y representar al organismo ante instituciones europeas, Estados miembros y terceros países.
El cargo se ejerce durante un mandato único de siete años, no renovable, lo que busca garantizar la independencia del puesto frente a presiones políticas.
Actualmente, la Fiscalía Europea opera a través de un colegio compuesto por el fiscal general europeo y un fiscal designado por cada uno de los países participantes.
Este órgano supervisa las investigaciones y coordina las acciones judiciales que posteriormente se tramitan ante tribunales nacionales.
A día de hoy, 24 Estados miembros participan en este sistema europeo de persecución penal, entre ellos España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos o Suecia.
La actividad del organismo ha crecido de forma significativa en los últimos años. A finales de 2025, la Fiscalía Europea tenía abiertas 3.602 investigaciones activas.
El perjuicio económico estimado asociado a estos casos supera los 67.200 millones de euros para los presupuestos nacionales y comunitarios, una cifra que refleja la magnitud del fraude que el organismo intenta combatir.