La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha reelegido por unanimidad a Antoni Cañete como presidente para un nuevo mandato de cuatro años, durante su asamblea anual celebrada recientemente. La formalización del nuevo órgano de gobierno se completará en la próxima junta directiva, prevista para dentro de dos meses.
La nueva junta directiva estará integrada por nueve organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (Aefimil), la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), la Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros y SATE (Anfapa), la Asociación Española de Fabricantes de Cables (Facel) y la Federación de Áridos. También forman parte la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer), la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones (Fenie), la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) y la Unión de Almacenistas de Hierro (UAHE). Cinco de estas entidades —AFME, Facel, Fenie, Pimec y UAHE— son miembros fundadores de la PMcM.
¿Quién es Antoni Cañete?
El nuevo mandato arranca en un contexto económico especialmente complejo, marcado por el incremento del gasto en defensa, tensiones geopolíticas, elevado endeudamiento público y pérdidas en los balances de los bancos centrales. Todo ello, advierte la plataforma, agrava la morosidad, especialmente para pymes y autónomos, con menos poder de negociación frente a grandes empresas.
Según el Informe de Plazos de Pago 2024 de la PMcM, el plazo medio de pago del sector público ha aumentado en 12 días, hasta los 67, muy por encima del límite legal de 30 días. Por primera vez desde 2014, las administraciones públicas pagan peor que el sector privado, que ha reducido sus plazos en seis días, aunque aún incumple la ley con una media de 64 días frente al tope de 60.
«Los gobiernos deben empezar por cumplir sus propias normas si quieren liderar un cambio de cultura en los pagos», ha reclamado Cañete, quien insiste en que no hay justificación posible para este incumplimiento, especialmente con una recaudación pública en aumento.
La PMcM afronta esta etapa con una hoja de ruta clara, centrada en el seguimiento del futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad, que incluirá un régimen sancionador. También presionará a los grupos políticos para reforzar la legislación nacional y establecer un sistema de sanciones efectivo. Además, exigirá la reactivación de órganos clave como el Observatorio de la Morosidad y el Consejo Estatal de la PYME, y pedirá que se repliquen medidas como la de la Generalitat de Cataluña, que prevé el pago directo a subcontratistas en contratos públicos.
La PMcM representa a cerca de un millón de empresas, con una facturación conjunta cercana a los 150.000 millones de euros y más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos vinculados.
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