Christine LagardeEl salario real de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, fue más de un 50% superior a lo divulgado oficialmente por la institución en su informe anual de 2024, según una exclusiva del Financial Times que se publica hoy.
El BCE reportó un salario base de 466.000 euros para Lagarde en 2024. Sin embargo, la investigación del Financial Times revela que su remuneración total ascendió aproximadamente a 726.000 euros, incluyendo complementos por vivienda y otros beneficios, así como ingresos por su puesto en el consejo del Bank for International Settlements (BIS).
Este cálculo sitúa a la presidenta del BCE como la funcionaria mejor pagada de la Unión Europea, con ingresos totales que multiplican por cuatro a los de su homólogo estadounidense, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo salario está fijado por ley en torno a 172.000 euros (203.000 dólares).
La investigación del Financial Times señala que el BCE —a diferencia de las empresas cotizadas en la UE— no está obligado a detallar por separado todos los componentes de la remuneración de sus ejecutivos, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia en el sistema de compensación.
Opacidad de las cuentas
Fabio De Masi, eurodiputado alemán, ha calificado esta situación de “escandalosa”, comparando la opacidad de las cuentas del BCE con la mayor transparencia en la remuneración de ejecutivos del sector privado.
El Financial Times también estima que, a lo largo de sus ocho años de mandato, Lagarde podría percibir hasta 6,5 millones de euros en total, con una pensión anual estimada en unos 178.000 euros a partir de 2030.
El BCE, por su parte, no ha cuestionado directamente los cálculos del periódico, pero ha defendido su política de remuneraciones y que las retribuciones se fijan a través de sus comités internos con criterios de competitividad y autonomía institucional.
Esta revelación ha reabierto el debate sobre la transparencia salarial de los altos cargos europeos y sobre cómo las instituciones públicas comparan sus prácticas con los estándares exigidos a las empresas y organismos con obligaciones más estrictas de divulgación.