El empresario millonario Justin Sun ha presentado una demanda en un tribunal federal de San Francisco contra World Liberty Financial, un proyecto vinculado al entorno de Donald Trump, al que acusa de prácticas coercitivas y de un “plan ilegal” para apropiarse de sus activos digitales.
Un reportaje de Bloomberg explica que el litigio pone el foco en una relación que, según la documentación presentada, pasó de estratégica a abiertamente conflictiva en pocos meses.
Sun invirtió 45 millones de dólares en la compra de 3.000 millones de tokens WLFI entre 2024 y 2025, además de recibir otros 1.000 millones por su papel como asesor del proyecto.
Sin embargo, el vínculo se deterioró cuando el inversor se negó a ampliar su apoyo financiero. Desde entonces, el conflicto ha escalado tanto en los tribunales como en el terreno público, con intercambios de acusaciones en redes sociales.
En su demanda, Sun sostiene que World Liberty actuó de forma unilateral al modificar las condiciones de control sobre los tokens.
Alega que la empresa “instaló en secreto poderes” que le permitieron congelar sus activos, bloquear su venta e incluso reasignarlos a terceros.
A lo que va Justin Sun
La acusación va más allá. Según el documento, la compañía se arrogó la capacidad de “quemar” tokens y aplicar listas negras que restringen su circulación, afectando directamente a los derechos de los inversores.
Sun también afirma que fue objeto de presión para respaldar nuevos desarrollos del proyecto, incluida la stablecoin USD1, y para canalizar su uso a través de la red Tron.
En este contexto, denuncia que la empresa estuvo «intentando presionarle» para ampliar su implicación financiera.
El punto de máxima tensión llegó, según la demanda, cuando uno de los cofundadores del proyecto amenazó con destruir los tokens de Sun, valorados entonces en 776 millones de dólares, y con denunciarle ante autoridades penales si reclamaba sus derechos.
En paralelo, el empresario advierte sobre la situación financiera del proyecto, al señalar que “World Liberty está al borde del colapso” y cuestionar su capacidad para respaldar su stablecoin.
El caso abre interrogantes sobre la gobernanza y la seguridad jurídica en el sector. Mientras tanto, una parte significativa de los tokens sigue sin poder negociarse, en un contexto de creciente incertidumbre para los primeros inversores.

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