Daniel Arribas González, director general de ConsumoEl greenwashing, o ecoblanqueo, se ha convertido en una de las principales preocupaciones en materia de protección al consumidor, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad es un factor clave en las decisiones de compra. Para abordar este desafío, el Ministerio de Consumo trabaja en la implementación de directrices europeas y en el refuerzo de la regulación nacional con el objetivo de garantizar que la información medioambiental proporcionada por las empresas sea veraz, clara y verificable. En esta entrevista, Daniel Arribas González, director general de Consumo, detalla las medidas adoptadas, los retos que enfrentan las autoridades y las estrategias para fortalecer la protección de los consumidores frente a prácticas comerciales desleales.
¿Qué medidas específicas ha tomado el Ministerio de Consumo para implementar las directrices europeas, como la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, en el ámbito del greenwashing?
La normativa actual ya cuenta con herramientas para poder enfrentar prácticas comerciales que faciliten información engañosa o no veraz a los consumidores, también en relación con el desempeño medioambiental de productos y servicios. Sobre esta base, el pasado 15 de marzo presentamos la Guía de comunicación sostenible: cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas.
¿Existe algún plan para reforzar la regulación nacional más allá de lo establecido por la normativa europea?
Hemos sido pioneros a la hora de empezar a tramitar la futura Ley de Consumo Sostenible, que abarcará de forma amplia la materia, buscando un cambio de paradigma en la participación de las personas consumidoras en la transición ecológica tanto de forma activa, como de forma reactiva a la hora de enfrentarse a las comunicaciones comerciales con información medioambiental.
Pretendemos que esta ley vaya más allá del contenido propio de las directivas, abarcando cualquier aspecto necesario para acompañar a las personas consumidores en este ámbito.
¿Qué procedimientos existen actualmente para supervisar y sancionar prácticas de greenwashing en las empresas españolas?
La persecución de prácticas comerciales desleales en relación con la información medioambiental se realiza actualmente por las autoridades de consumo en distintos ámbitos, tanto nacional como a nivel de la Unión. En el ámbito nacional, las autoridades de consumo pueden iniciar procedimientos administrativos sancionadores contra este tipo de prácticas mientras que, a nivel de la Unión, es más frecuente iniciar acciones coordinadas por la Comisión Europea que buscan que las compañías modifiquen sus conductas mediante procesos de diálogo.
¿Cuántos casos de greenwashing se han identificado y sancionado en los últimos años?
El denominado “greenwashing” no deja de ser la utilización de prácticas comerciales desleales para con las personas consumidoras, si bien relacionadas únicamente con el desempeño medioambiental de los bienes y servicios. En consecuencia, no existen bases de datos individualizadas para estos casos concretos.
Dado que muchas declaraciones ambientales están sujetas a términos vagos, como «eco», «verde» o «sostenible», ¿está el Ministerio trabajando en la elaboración de guías claras para proteger al consumidor frente a este tipo de ambigüedades?
En marzo de este año ya presentamos la Guía de comunicación sostenible: cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas para explicar a las empresas cómo hacer sus comunicaciones sin caer en información vaga o no sustentada por datos. Pero en relación concreta con las alegaciones medioambientales genéricas, todas estas quedarán prohibidas con la futura Ley de Consumo Sostenible.
¿Cómo van a ser los controles para verificar el cumplimiento de las compañías? ¿se creará alguna sección específica?
Las empresas deben poder sustentar con datos cualquier tipo de información que comuniquen a las personas consumidoras, por lo que la persecución del denominado “greenwashing” no es diferente a la de otras prácticas comerciales desleales. No obstante, es muy importante un conocimiento profundo sobre cómo enmarcar estas prácticas dentro de la actual normativa, para lo que la que la formación específica en la materia de los técnicos de consumo es muy importante.
Algunos sectores como la moda, la alimentación y la energía concentran la mayor cantidad de acusaciones de greenwashing. ¿Existen controles diferenciados o más estrictos para estos sectores?
Cada sector tiene su idiosincrasia y la constatación de prácticas comerciales desleales en cada uno de ellos requiere un análisis diferenciado. No obstante, de partida no hay un enfoque centrado o diferenciado para sectores concretos. Se inician actuaciones cuando se detectan potenciales incumplimientos de la norma en cualquier sector. No obstante, sí es verdad que aquellos sectores con mayor impacto medioambiental pueden ser más propensos a la utilización de alegaciones medioambientales.