Eva PoptchevaLa Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) se está preparando para una nueva etapa postelectoral. Su vicepresidenta, Eva Poptcheva, da pistas sobre los retos que tendrán que asumirse en los próximos años, que pasan por cerrar la brecha de inversiones, el aumento de la inversión pública en sectores estratégicos, regular las ayudas estatales y finalizar la Unión Bancaria.
¿Cómo valora la gestión que está haciendo el Gobierno de España de los Fondos UE?
El mayor desafío en materia de gestión de fondos europeos a día de hoy son los Fondos de Recuperación y Resiliencia. España es el mayor receptor de estos fondos por delante de Italia. Se le han asignado 79.854 millones de euros en transferencias (incluidos los 2.600 millones de euros del programa REPowerEU) y 83.160 millones de euros en préstamos.
Lamentablemente, los fondos no están llegando a la economía real. No hay más que ver la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos publicada por el Gobierno. Los mayores perceptores son empresas públicas y de infraestructuras. El dinero no está llegando a las pymes.
Además, la ejecución está siendo lenta. La descentralización de la administración de los fondos, las trabas burocráticas y la complejidad en la solicitud de los fondos y en su justificación, no ayudan a mejorar la ejecución. El plan de recuperación español no ha incentivado la inversión privada como se preveía, sino que la está sustituyendo. Es una oportunidad perdida
¿Echa de menos una mayor transparencia por parte de la Administración Pública española?
Sí, la falta de transparencia sobre la ejecución de los Fondos de Recuperación y Resiliencia es evidente. Por eso, cuando enmendamos el reglamento de los fondos para adaptarlos a la crisis energética que sufrimos tras el inicio de la guerra en Ucrania, exigí que los Estados Miembros tuvieran la obligación de publicar la lista de los 100 mayores perceptores de los mismos en cada país. España fue uno de los últimos países en publicar la lista, y lo hizo fuera de plazo, con varios meses de retraso. Además, la lista que publicó el Gobierno es incompleta e inexacta, incluye tanto verdaderos receptores finales como intermediarios.
Eva Poptcheva
¿Prevé que España logre resolver a corto-medio plazo las asignaturas pendientes en la reforma del sistema de apoyo al desempleo y del mecanismo de equidad intergeneracional?
No, para que estas reformas necesarias se lleven a cabo se necesita un Gobierno reformista. Los objetivos electoralistas y cortoplacistas del Gobierno hacen imposible afrontar los problemas estructurales que tiene España, como la falta de productividad o el atraso industrial. El Gobierno ha abandonado a los jóvenes, que cada vez tienen menos poder adquisitivo y las clases medias son las más castigadas. Además, traslada la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas al siguiente Gobierno.
¿Cómo perciben desde Bruselas la creciente presión fiscal del Gobierno de España al sector empresarial y a las “altas fortunas”?
Una presión fiscal demasiado elevada sobre las empresas y los ciudadanos en general desincentiva la inversión privada. También reduce la capacidad de inversión en I+D de las empresas, lo que a largo plazo limita su crecimiento. Debemos crear un marco regulatorio que sea favorable a la inversión privada y el establecimiento de empresas en la UE.
En este último año hemos asistido a la salida de varias empresas españolas hacia otros países de la UE. El traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos es el ejemplo más sonado, pero no es el único. Muchas de estas empresas esgrimen la elevada carga fiscal y la dificultad de acceso a financiación como motivos principales de su salida.
Este problema también existe a nivel europeo. Muchas empresas europeas han trasladado su sede a Estados Unidos para poder recibir créditos fiscales bajo la Ley de Reducción de la Inflación. En Europa tenemos un grave problema de falta de financiación para las empresas, en gran medida fomentado por la falta de inversión privada. La presión fiscal dificulta la inversión.
¿Y la presencia del Gobierno en empresas estratégicas como Telefónica (10%) o Indra (28%)?
Adquirir capital de dichas empresas es una medida intervencionista que no está justificada. Existen otros mecanismos para retener control sobre las decisiones que tocan a empresas importantes en sectores estratégicos. La “acción de oro”, por ejemplo, permite al Gobierno bloquear las operaciones en empresas estratégicas sin necesidad de comprar cantidades desorbitadas de acciones de las mismas con el dinero de todos los españoles.
Por otro lado, es primordial regular las inversiones extranjeras en sectores estratégicos y es necesario hacerlo a nivel europeo. Estamos en un mercado único en el que la injerencia extranjera en una empresa estratégica neerlandesa puede ir en contra de los intereses de los ciudadanos españoles. La Comisión Europea propuso el pasado mes de enero una batería de medidas de seguridad económica que obligará a todos los Estados Miembros a tener un mecanismo de control de la inversión extranjera directa. Es un buen primer paso, pero debemos aspirar a controlar dichas inversiones de manera conjunta.
Eva Poptcheva
¿Temen desde Bruselas una injerencia de los Gobiernos de China o Arabia Saudí a través de la adquisición de compañías clave para la economía europea?
En el contexto geopolítico tan tenso en el que nos encontramos, las inversiones son un arma más. Delegar toda la construcción y gestión de la futura red de 6G a una empresa extranjera, por ejemplo, podría tener implicaciones de seguridad muy graves en el futuro. Las inversiones chinas en África y América del Sur con motivo de la construcción de la nueva Ruta de la Seda se han convertido en un elemento más de la política exterior china y un vector muy importante de influencia para el Gobierno chino para influir sobre temas como la independencia de Taiwán. La Unión Europea está tomando cartas en el asunto. Sin embargo, la competencia en este ámbito sigue siendo principalmente nacional, por lo que es muy difícil avanzar a nivel de la UE.
¿Es un modelo que se replica en otros países de la región?
Es un problema que afecta también a otros países de la UE. Hace un año hubo un gran debate sobre la compra de un cuarto de las acciones del puerto de Hamburgo por parte del gigante chino Cosco. En enero de este año, el Gobierno holandés prohibió la exportación de ciertos productos de la empresa ASML, líder en el sector de microchips, a China, por motivos de seguridad económica.
Debemos actuar de manera conjunta, a nivel de la UE, para garantizar nuestra autonomía estratégica y protegernos de la injerencia extranjera. Actuando juntos somos menos vulnerables que por separado. Lo que puede generar una desventaja competitiva es que ciertos países acepten inversiones de este tipo, dejando de lado consideraciones de seguridad económica, y otros no. Debe haber coordinación a nivel de la UE.
¿Cuáles son los principales retos que tendrá que asumir la ECON en la próxima legislatura?
Asegurarnos de cerrar la brecha de inversiones, por lo que necesitamos desbloquear fuentes de inversión en la economía. Para esto tenemos que continuar con el proyecto de la Unión de Mercado de Capitales. La finalización de este proyecto, que consiste en fomentar el crecimiento e integración de los mercados financieros europeos, podría generar unos 535.000 millones de euros anuales de financiación.
También será necesaria la inversión pública a nivel nacional, pero sobre todo a nivel europeo, en sectores estratégicos. Para ello, deberemos aprender de los errores de los Fondos NextGenerationEU. La inversión pública debe tener una dimensión europea, fomentar la inversión privada en vez de sustituirla y centrarse en I+D.
También es necesario volver a regular las ayudas estatales, que, aunque en algunos casos pueden ser necesarias, generan un alto riesgo de fragmentación del mercado interior. Recojo la propuesta de Enrico Letta de crear un bote común en el que los países de la UE deban mutualizar una parte de las ayudas estatales para financiar proyectos paneuropeos.
También deberemos seguir reduciendo la carga burocrática que ahoga a nuestras empresas y autónomos. Eso pasa por armonizar mucha más legislación a nivel europeo, sobre todo en materia de derecho de sociedades, eliminando así obstáculos al libre establecimiento de las empresas en toda la UE.
Por último, debemos finalizar la Unión Bancaria. Desde la crisis financiera de 2008, con la implementación de las reformas del Comité de Basilea, hemos avanzado enormemente en materia de supervisión bancaria. Hoy en día nuestro sector bancario es mucho menos vulnerable ante las crisis. Sin embargo, seguimos sin tener un fondo de garantía de depósitos europeo que ponga fin al círculo vicioso bancario-soberano y nuestro sistema europeo de resolución bancaria sigue siendo demasiado rígido. Es una absoluta prioridad finalizar estas iniciativas en la próxima legislatura.