José Ramón RieraEn un momento en que la economía española se enfrenta a desafíos crecientes, hablamos con José Ramón Riera, experto en análisis económico, sobre los riesgos que podrían condicionar el crecimiento en los próximos años. Desde la vulnerabilidad ante shocks energéticos y geopolíticos, hasta la desaceleración de las economías europeas y los límites de un modelo productivo centrado en sectores de bajo valor añadido, Riera analiza cómo estos factores estructurales afectan a la productividad, la inversión y la estabilidad futura del país. En sus palabras, más que una crisis coyuntural, España podría enfrentar un proceso prolongado de crecimiento débil si no aborda estos desequilibrios de manera decidida.
El informe Perspectivas 2026 de KPMG y CEOE refleja un aumento de la percepción de riesgo entre las empresas. ¿Cuáles son los tres principales escenarios negativos que podrían afectar a la economía española en los próximos dos años?
En mi opinión, los tres escenarios negativos más probables para la economía española en los próximos dos años no están tanto en el ciclo económico inmediato como en los desequilibrios estructurales que condicionan su crecimiento.
El primer riesgo sería un shock energético o geopolítico que vuelva a disparar el precio de la energía. España sigue siendo una economía muy dependiente del exterior en términos energéticos y cualquier subida fuerte del petróleo o del gas tiene un efecto directo sobre la inflación, los costes empresariales y el poder adquisitivo de los hogares. Un escenario de petróleo por encima de 100-120 dólares durante un periodo prolongado podría frenar el crecimiento europeo y afectar especialmente a países importadores de energía como España.
El segundo escenario negativo sería una desaceleración de las economías europeas, especialmente Alemania y Francia. La economía española depende en gran medida del turismo, las exportaciones y los flujos financieros europeos. Si Europa entra en una fase de crecimiento débil o estancamiento, España podría mantener cierto crecimiento gracias al turismo, pero sería difícil sostener un crecimiento sólido en términos de inversión y productividad.
¿Y el tercero?
El tercer riesgo es más estructural: la persistencia de un modelo de crecimiento basado en empleo y servicios de bajo valor añadido. España ha demostrado una gran capacidad para crear empleo en fases expansivas, pero tiene más dificultades para mejorar la productividad. Si el crecimiento continúa apoyándose principalmente en sectores como turismo, construcción o servicios poco intensivos en tecnología, el crecimiento del PIB puede mantenerse, pero con una mejora limitada del nivel de renta y de la competitividad a largo plazo.
Por tanto, más que un problema coyuntural, el principal riesgo para la economía española es seguir creciendo sin mejorar sus fundamentos productivos, lo que puede generar una economía aparentemente dinámica, pero con dificultades para converger con las economías más avanzadas de Europa.
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El informe señala la baja productividad como uno de los principales lastres. ¿Qué variables explican este comportamiento: tamaño empresarial, inversión en I+D, capital humano, regulación…?
En mi opinión, la baja productividad de la economía española no responde a una única causa, sino a la combinación de varios factores estructurales que afectan a la capacidad de las empresas para generar más valor añadido.
En primer lugar, el tamaño empresarial es una variable clave. El tejido productivo español está dominado por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas microempresas. Las empresas de menor tamaño tienen más dificultades para invertir en tecnología, innovación o internacionalización y suelen tener un acceso más limitado a financiación. Esto genera una brecha importante de productividad respecto a economías donde las empresas son más grandes y tienen mayor capacidad de inversión.
En segundo lugar, la inversión en innovación e investigación sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países europeos. La inversión en I+D es uno de los principales motores del crecimiento de la productividad porque permite introducir nuevas tecnologías, mejorar procesos productivos y desarrollar productos de mayor valor añadido. Cuando esta inversión es limitada, el crecimiento económico depende más de la acumulación de trabajo que de la mejora de la eficiencia.
Otro factor relevante es el capital humano. Aunque España ha mejorado significativamente en formación universitaria, todavía existen desequilibrios entre las competencias que demanda el mercado laboral y las habilidades disponibles. La escasez de perfiles técnicos y tecnológicos limita la capacidad de muchas empresas para adoptar nuevas tecnologías o desarrollar actividades más intensivas en conocimiento.
Finalmente, también influye el marco regulatorio y administrativo. Un entorno regulatorio complejo o cambiante puede desincentivar la inversión y dificultar el crecimiento empresarial. Cuando las empresas enfrentan mayores costes regulatorios o incertidumbre normativa, tienden a adoptar estrategias más conservadoras, lo que reduce el dinamismo empresarial y la innovación.
El 62% de las empresas reclama mayor estabilidad regulatoria. ¿Cómo impacta la inseguridad jurídica en las decisiones de inversión y en la atracción de capital extranjero?
En mi opinión, la inseguridad jurídica tiene un impacto directo sobre las decisiones de inversión porque las empresas toman sus decisiones basándose en expectativas de estabilidad a largo plazo. La mayoría de los proyectos de inversión, especialmente en sectores como energía, infraestructuras o industria, se planifican con horizontes de diez o veinte años. Si las empresas perciben que el marco regulatorio puede cambiar de forma frecuente o imprevisible, el riesgo asociado a esas inversiones aumenta.
Este aumento del riesgo suele traducirse en tres efectos principales sobre la inversión. En primer lugar, muchas empresas optan por retrasar o posponer proyectos de inversión, a la espera de que el entorno regulatorio sea más claro o estable. En segundo lugar, los inversores exigen mayores rentabilidades para compensar el riesgo regulatorio, lo que encarece el coste del capital. Y en tercer lugar, algunas inversiones se desvían hacia otros países donde las reglas del juego son más previsibles.
En el caso de la inversión extranjera, este factor es especialmente relevante porque los inversores internacionales comparan continuamente diferentes economías antes de decidir dónde colocar su capital. Variables como la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la previsibilidad regulatoria son elementos clave en esa comparación. Si un país presenta incertidumbre normativa o cambios regulatorios frecuentes, puede perder atractivo frente a otros destinos con marcos más estables.
Por tanto, la inseguridad jurídica no solo afecta al volumen de inversión, sino también a la calidad de esa inversión, ya que puede reducir la llegada de proyectos de largo plazo y de mayor valor añadido. En consecuencia, mantener un marco regulatorio estable y previsible es un elemento fundamental para atraer capital y favorecer el crecimiento económico sostenido.
Si España no aborda los problemas de productividad, dependencia exterior y marco regulatorio, ¿qué escenario económico dibuja para los próximos 5-10 años?
Si España no aborda de forma decidida los problemas estructurales de productividad, dependencia exterior y estabilidad regulatoria, el escenario económico de los próximos cinco o diez años podría caracterizarse por un crecimiento potencial bajo y una progresiva pérdida de convergencia con las economías más avanzadas de Europa.
En primer lugar, la ausencia de mejoras en productividad implicaría que el crecimiento económico seguiría apoyándose principalmente en la creación de empleo y en sectores de menor valor añadido, como el turismo o determinados servicios. Este modelo puede generar dinamismo en el corto plazo, pero limita el crecimiento de la renta per cápita. Sin avances en innovación, digitalización y capital tecnológico, la economía española podría quedar atrapada en una dinámica de crecimiento moderado, pero con escaso aumento del nivel de vida.
En segundo lugar, la elevada dependencia exterior, especialmente en energía y determinados bienes intermedios, seguiría haciendo a la economía vulnerable a shocks internacionales. Episodios de encarecimiento energético, tensiones geopolíticas o alteraciones en el comercio mundial podrían tener efectos rápidos sobre la inflación, los costes empresariales y la competitividad de las exportaciones.
Por último, si el marco regulatorio continúa siendo percibido como inestable o imprevisible, la inversión empresarial podría mantenerse por debajo de su potencial. La inversión es el principal motor del crecimiento a largo plazo, y cualquier factor que genere incertidumbre reduce los proyectos de mayor tamaño y el atractivo del país para la inversión extranjera.
En conjunto, este escenario podría traducirse en una economía con un crecimiento potencial cercano al 1 %-1,5 % anual, una convergencia muy limitada con las economías más avanzadas de la Unión Europea y una mayor vulnerabilidad fiscal en un contexto de envejecimiento de la población y elevada deuda pública.
Por tanto, si no se corrigen estos desequilibrios estructurales, el riesgo para la economía española no sería tanto una crisis inmediata como un proceso prolongado de crecimiento débil y pérdida gradual de competitividad relativa dentro de Europa.