GettyImagesNo solo agricultura, clima y bosques. Hoy se puede invertir de manera sostenible también para lograr que el agua sea más limpia. Con el agravamiento de la crisis climática y ambiental, ha crecido la conciencia de que las finanzas verdes ya no pueden limitarse a promover proyectos “terrestres” —energías renovables, reforestación, eficiencia energética—, sino que deben incluir también los recursos hídricos y marinos. En este contexto ha surgido el paradigma de la economía azul, que pone en primer plano una nueva categoría de bonos mediante los cuales los inversionistas pueden apoyar a empresas y organismos en la protección del ecosistema de mares, lagos y ríos. E incluso para mantener más eficientes las redes de agua urbanas, es decir, acueductos y sistemas de alcantarillado.
Se trata de los llamados bonos azules, los primos de los bonos verdes, que financian con capital fresco todos aquellos proyectos y actividades económicas que ayudan a limitar los efectos negativos de la contaminación humana sobre el agua, quizá el bien más precioso para la vida en la Tierra. Algunos los definen como un subconjunto de los bonos verdes. Al igual que los “verdes”, los bonos azules utilizan el capital prestado por los inversionistas para financiar proyectos con un impacto positivo en el medio ambiente y están sujetos a obligaciones de transparencia sobre el uso de los fondos.
Los estándares internacionales del sector reconocen como bonos azules aquellas emisiones en las que el 100% de los fondos se destina a proyectos orientados a la conservación y la gestión sostenible de los recursos hídricos. Por ejemplo: pesca responsable, protección de arrecifes de coral, infraestructuras costeras resilientes, redes de agua y plantas de tratamiento de aguas.
El año 2025 marcó un salto cualitativo para la economía azul en Europa y, también, en España. En junio, la Mutualidad invirtió 30 millones de euros en un bono azul emitido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), estructurado por BNP Paribas y con vencimiento en 2055. En el caso de Italia, en octubre del año pasado, la empresa de servicios lombarda A2A emitió el primer blue bond italiano, una emisión de 155 millones de euros a cinco años y cupón del 2,875%, cuyos fondos se destinarán a la construcción y mantenimiento de acueductos, sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas.
Ambas iniciativas son una señal de transición de las finanzas azules de un área de experimentación internacional —sobre todo en países insulares y economías emergentes— a un entorno europeo avanzado. También es una prueba de que los instrumentos de la economía azul pueden aplicarse con éxito en contextos altamente regulados y en el mundo de las infraestructuras del Viejo Continente.
El primer bono azul que llegó al mercado data de 2018: un título público de Seychelles, con el apoyo del Banco Mundial, mediante el cual el archipiélago recaudó 15 millones de dólares para apoyar áreas marinas protegidas, la gestión de la pesca y a los pescadores a pequeña escala. Las emisiones en los años siguientes se hicieron cada vez más frecuentes: algunas por gobiernos de países en desarrollo con amplias costas; otras por empresas privadas o utilities involucradas en la llamada blue economy, el modelo de desarrollo económico sostenible desarrollado hace ya 15 años por el economista belga Gunter Pauli.
Banco Mundial
IMPULSO PARA PAÍSES COSTEROS
En un mundo donde los shocks climáticos relacionados con el mar afectan sobre todo a los países más vulnerables, financiar la resiliencia costera y la sostenibilidad de los recursos marinos no es sólo un imperativo ambiental, sino también económico y social.
En este sentido, para muchos estados costeros del llamado Global South, con economías fuertemente ligadas al mar y al agua, los blue bonds representan una herramienta de finanzas sostenibles “a medida”: además de proporcionar capital para proyectos ambientales, gracias a estructuras financieras a menudo más flexibles, también pueden ofrecer una vía para gestionar la deuda soberana. Algunas operaciones, de hecho, combinan la emisión de bonos con reestructuraciones de deuda a cambio de compromisos ambientales. Se trata de los llamados debt-for-nature swaps, donde una parte de la deuda pública se convierte en inversiones para la conservación marina. Otras, como los sustainability-linked bonds, establecen objetivos relacionados con la sostenibilidad del ecosistema marino, y los intereses pagados dependen del cumplimiento de metas ambientales.
Entre los ejemplos más conocidos está el de Ecuador, que en 2023 logró convertir 1.630 millones de dólares de deuda soberana mediante una emisión de bonos azules por 656 millones de dólares, la mitad de los cuales se destinarán a proteger las islas Galápagos durante los próximos veinte años. En otros casos, como la emisión de 364 millones de dólares realizada por Belice, la estructura convertible, si bien contribuyó a salvar la deuda del país, suscitó críticas por sospechas de bluewashing debido a la complejidad del acuerdo, que habría opacado el impacto ambiental real, destinando solo una parte de los fondos directamente a proyectos de conservación.
BUENAS INTENCIONES, PERO POCAS ACCIONES
La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, que se celebró en Niza el pasado junio, representó un momento crucial para el debate público sobre el futuro de los mares. En el encuentro surgieron desafíos concretos para financiar los océanos, proteger los ecosistemas y transformar la idea de economía azul en un proyecto ejecutable.
Después de todo, los mares siguen bajo presión: calentamiento, acidificación, pérdida de biodiversidad, contaminación por plásticos y pesca depredadora son fenómenos tristemente ya muy conocidos. La conferencia de Niza tenía un objetivo ambicioso: elaborar un plan de acción para los océanos, movilizando a todos los actores implicados (gobiernos, científicos, empresas y sociedad civil) y traducir la emergencia en acciones concretas.
Según algunos observadores, el resultado fue un compromiso con muchas limitaciones. A pesar de la adopción de una declaración conjunta y de una serie de compromisos voluntarios, algunas de las cuestiones más delicadas quedaron pendientes. Entre ellas, la regulación de alta mar. Un tema candente, subrayado recientemente también por científicos de alto perfil en la revista Nature, dado que las aguas internacionales cubren más del 60% de los océanos y son particularmente vulnerables a actividades humanas como la minería marina y la pesca industrial. Según los científicos, solo un giro diplomático y normativo podría protegerlas.
No faltaron novedades relevantes, como el Pacto Europeo por el Océano, una iniciativa que prevé inversiones por un total de mil millones de euros destinadas a investigación, conservación marina, pesca sostenible y turismo costero. Algunos países de la UE también han asumido compromisos concretos en los últimos meses: Alemania anunció 100 millones para retirar restos bélicos del Báltico y del Mar del Norte; España planea crear seis nuevas áreas marinas protegidas para alcanzar la protección del 25% de sus aguas.
Bonos azules
UN MERCADO DE NICHO
A pesar de algunas emisiones destacadas, el volumen de los bonos azules sigue siendo limitado y no faltan desafíos en comparación con instrumentos similares. Hoy en día, sigue siendo un mercado en estado embrionario frente a otros. Un informe reciente de Intesa Sanpaolo contabilizó 36.000 millones de dólares en bonos azules en circulación, de los cuales 3.000 millones fueron emitidos por organismos gubernamentales.
Para hacer una comparación, el mercado de los bonos verdes se estima en 3.000.000 millones de dólares según el London Stock Exchange, el grupo financiero que gestiona la Bolsa de Londres. Según un análisis del Observer Research Foundation Middle East, un think tank con sede en Dubái que cuenta entre sus socios con multinacionales estadounidenses y europeas, fondos hedge y organismos públicos emiratíes, el mercado de los blue bonds podría duplicar su tamaño en los próximos cinco años, alcanzando los 70.000 millones de dólares en 2030, una cifra significativa pero todavía muy inferior a la del mercado de los bonos verdes.
No faltan obstáculos para su mayor difusión, como la escasa liquidez y la necesidad de reducir riesgos mediante garantías y estructuras flexibles que atraigan a los grandes fondos de pensiones de los países desarrollados. Además, se requiere un marco normativo claro y estándares compartidos para definir criterios de transparencia sobre el uso de los fondos y verificar el impacto de las inversiones.
En definitiva, para que la “finanza azul” emerja de manera real, se necesita un esfuerzo coordinado de instituciones multilaterales, normativas claras, transparencia y evaluaciones sobre el impacto ambiental y social efectivo de los proyectos financiados. De lo contrario, está destinada a seguir siendo un mercado de nicho.
España: el ‘azul’ ya está en el verde
(aunque sin etiqueta propia)
En el mercado financiero español, el bono azul sigue siendo, por ahora, más una categoría conceptual que un segmento plenamente diferenciado. Sin embargo, la financiación de la economía del agua es ya una realidad consolidada: simplemente, se canaliza a través de instrumentos verdes. El caso más representativo es el de Aqualia (grupo FCC), uno de los principales operadores globales del ciclo integral del agua, que en 2025 emitió un bono verde de 500 millones de euros destinado a infraestructuras hidráulicas, tratamiento de aguas residuales y mejora de la eficiencia de las redes.
Un contenido inequívocamente ‘azul’ bajo una estructura plenamente ‘verde’. En torno a este tipo de operaciones orbita el sistema bancario español. BBVA y CaixaBank desempeñan un papel clave como estructuradores y financiadores, incorporando explícitamente en sus marcos ESG categorías como la “gestión sostenible del agua y de las aguas residuales”. En otras palabras, lo ‘azul’ ya está presente en las carteras, aunque no en la denominación. Más matizada, pero en clara expansión, es la contribución de las utilities energéticas, como Iberdrola, donde la gestión de los recursos hídricos —desde la hidroeléctrica hasta el hidrógeno verde— actúa como un puente natural entre la transición energética y la sostenibilidad del agua.
A nivel sistémico, el marco se ve reforzado por el Marco de Bonos Verdes del Tesoro español, que incluye el agua, la biodiversidad y los recursos naturales entre las categorías elegibles, contribuyendo así a la estandarización del mercado. El horizonte 2024-2026 es claro: en España, lo ‘azul’ no es una ausencia, sino una realidad ya integrada —y financiada— dentro de lo verde. La cuestión para los próximos años no es si crecerá, sino si acabará consolidándose como una etiqueta propia o si seguirá operando, de forma discreta, dentro del perímetro ESG.