GettyImagesLa Comisión Europea ha rebajado las exigencias de información sobre sostenibilidad que deberán cumplir las empresas, tras aprobar una revisión de los estándares europeos de reporte ambiental, social y de gobernanza (ESG).
La reforma elimina más del 60% de la información obligatoria y reduce en más de un 30% los costes asociados a estas obligaciones, dentro de la estrategia comunitaria para simplificar la carga administrativa de las compañías.
Bruselas sostiene que el nuevo marco será “más breve y claro”, aunque mantendrá la información que considera esencial para que inversores y otras partes interesadas puedan evaluar los riesgos e impactos derivados de la actividad empresarial.
¿Qué cambios hay en sostenibilidad?
La reforma también incorpora un modelo de reporte voluntario dirigido a las pequeñas empresas que no están incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva.
El objetivo es facilitar que estas compañías puedan responder a las solicitudes de información realizadas por grandes grupos empresariales y entidades financieras.
Además, la Comisión establece un límite a las exigencias que las empresas sujetas a estos estándares podrán trasladar a sus proveedores y al resto de la cadena de valor.
En consecuencia, no podrán requerir información adicional a la contemplada en el nuevo modelo voluntario aprobado por Bruselas.
¿Qué cambios definió Bruselas?
La actualización incorpora igualmente las recomendaciones técnicas elaboradas por el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG), fruto de las consultas realizadas durante 2025 con empresas y otras partes implicadas.
La entrada en vigor de la reforma aún no es inmediata. Los dos actos delegados aprobados por la Comisión serán remitidos ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su revisión.
Solo comenzarán a aplicarse si ninguna de estas instituciones presenta objeciones durante el periodo de control de dos meses previsto en el procedimiento comunitario.
Con este cambio, la Comisión avanza en su objetivo de reducir la burocracia empresarial sin modificar los requisitos que considera imprescindibles para garantizar la transparencia en materia de sostenibilidad.