Defensa ClimáticaEspaña ha entrado en una nueva fase de su respuesta frente a la emergencia climática: la de la tecnología como herramienta estratégica. Durante la celebración del 50.º aniversario de la Agencia Espacial Europea (ESA), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, confirmó la inversión de más de 520 millones de euros en programas espaciales y la expansión de la Constelación Atlántica mediante ESCA+. Una red estatal de satélites diseñada para anticipar y mitigar fenómenos severos como DANAs, incendios, sequías o inundaciones.
Morant subrayó que la ampliación de la Constelación Atlántica contará con 325 millones de euros procedentes de la Adenda DANA del Plan Europeo de Recuperación, destinados al desarrollo y lanzamiento de al menos tres nuevos satélites de alta resolución. “Con esta ampliación, España dispondrá de su propio sistema multisatélite, como ya tienen Alemania o Francia”, afirmó la ministra. El objetivo no es solo anticipar desastres, sino reforzar capacidades nacionales en óptica espacial, electrónica, inteligencia artificial, comunicaciones seguras y aplicaciones climáticas.
La ministra reivindicó también los acuerdos firmados por más de 15 empresas españolas con la ESA por un valor de 190 millones de euros y la puesta en marcha de tres nuevos Centros de Incubación de Empresas (BIC) que impulsarán la creación de 36 startups espaciales.
Satélite
GEOGRAFÍA DE RIESGO
El riesgo climático ya no es una proyección futura. Es un fenómeno cotidiano que afecta directamente a la economía, la salud, el turismo y las zonas rurales. Incendios simultáneos, sequías extremas, inundaciones repentinas y DANAs más violentas redefinen la geografía del país y ponen a prueba la resiliencia de las instituciones.
El socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC, Pablo Bascones, explica a Business People que “las amenazas más relevantes del cambio climático en el país incluyen el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y grandes incendios forestales. Estos eventos ya están provocando desplazamientos de población y pérdidas económicas directas y daños en infraestructuras críticas”.
El socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC, Pablo Bascones
Bascones advierte que “fenómenos como la desertificación, la escasez de agua y la subida del nivel del mar pueden afectar a sectores clave como la agricultura, el turismo y la salud pública”. Las zonas más vulnerables se concentran en Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares y el litoral mediterráneo, territorios sometidos a mayor presión hídrica y con menor capacidad de adaptación, especialmente en áreas rurales.
Aunque destaca avances en los sistemas de alerta, como los desarrollados por la AEMET y el sistema ESAlert, Bascones también señala limitaciones: “Persisten brechas en la cobertura, la coordinación entre administraciones y la integración de datos en tiempo real, especialmente en zonas rurales o menos digitalizadas. En episodios recientes como la DANA hemos visto retrasos en la detección y en la comunicación, además de coordinación entre las administraciones”.
El socio de PwC subraya que el impacto económico para España puede ser muy significativo: “Según un informe de la Universidad de Mannheim y el Banco Central Europeo (BCE), solo en 2025, las pérdidas por olas de calor, sequías e inundaciones superaron los 12.000 millones de euros, y se estima que podrían superar los 22.000 millones en 2029, situando a España en el país más expuesto de la UE”.
Según un informe de la consultora PwC, elaborado junto a la Fundación Naturgy y en colaboración con Cruz Roja Española, las futuras olas de calor podrían reducir el PIB entre un 2% y un 3% para los años 2040 y 2050, respectivamente. Esta proyección enlaza con un debate más amplio sobre el alcance real de las soluciones actuales y la suficiencia de la apuesta tecnológica frente a los retos climáticos.
¿ANTICIPAR O ACTUAR?
A pesar del avance tecnológico, organizaciones ambientales advierten que España no puede confiar únicamente en satélites y algoritmos. Para Greenpeace, la tecnología es necesaria, pero insuficiente.
Su coordinadora de Campañas de Respuesta rápida, Elvira Jiménez, destaca que “la inversión en tecnología y servicios climáticos para predicción de estos eventos es importante. Pero igualmente hay que mejorar la respuesta en emergencia, los servicios de alerta temprana, la educación a la población, la integración de los riesgos climáticos o en la adaptación de los entornos para que haya menos personas e infraestructuras expuestas al riesgo”.
A su juicio, el desafío es tanto económico como de prioridades públicas. “España debería duplicar las inversiones actuales. Esto puede parecer muy complejo, pero supone ser mucho más eficaz y coherente con el dinero público disponible. Por ejemplo, hoy en día destinamos 23.300 millones de euros a subvencionar actividades dañinas con el medio ambiente, dinero que nos ayudaría a dar un salto de escala en la transición y la adaptación”.
Elvira Jiménez, coordinadora de Campañas de Respuesta rápida de Greenpeace
El informe 10 años, 10 eventos meteorológicos extremos, elaborado con datos del CSIC, evidencia que solo desde 2021 cerca de 5.000 personas han fallecido, más de 370.000 se han visto afectadas y los costes superan los 23.000 millones de euros. “Es una factura inasumible. Y demuestra que no estamos preparados”, afirma la portavoz.
La experta insiste en que el coste de no actuar es muy elevado. “Un estudio apunta que los efectos de los eventos extremos de 2025 en Europa podrían costar 126.000 millones en 2029. En España, para 2060 podríamos perder un 3% del PIB por olas de calor”, precisa.
LABORATORIO CLIMÁTICO
Si hay un territorio donde la tecnología climática muestra su verdadera utilidad y también sus límites, es Canarias. Su condición insular y su exposición constante a incendios, calimas y tormentas sitúan al archipiélago como un territorio donde la innovación se vuelve una necesidad.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, explica a Business People que “utilizamos las tecnologías más avanzadas para conocer en tiempo real lo que ocurre en el territorio y anticiparnos a fenómenos extremos”. Esta estrategia se apoya en modelos numéricos de alta resolución adaptados a la compleja geografía insular, que permiten prever incendios, inundaciones o calimas con mayor precisión.
El consejero de Transición Ecológica y Energía de Canarias, Mariano Hernández Zapata
Sobre las inversiones estatales, Hernández Zapata coincide con la necesidad de una visión compartida: “La inversión es un paso relevante, pero lo fundamental es que estos recursos se orienten de verdad a la prevención y a proteger a los territorios más vulnerables, como Canarias”.
El archipiélago avanza con proyectos pioneros como estudios batimétricos para anticipar la subida del nivel del mar, modelos climáticos regionales y herramientas de gestión ambiental como BIOCAN o Natura 2000. Entre los casos de éxito, resalta que “el proyecto LIFE Garachico ha permitido establecer un sistema de alerta temprana con 72 horas de antelación para inundaciones costeras, con resultados positivos en sus primeras pruebas”.
España entró en la fase decisiva de su relación con el clima. Por primera vez, dispone de la tecnología para ver antes, medir mejor y anticipar con precisión. Satélites, IA, sensores, modelos predictivos y datos masivos ofrecen una ventaja que generaciones anteriores no tuvieron.
Pero ver no equivale a actuar. Y actuar tarde es, en términos climáticos y económicos, otra forma de perder. El país se enfrenta a un dilema estratégico: invertir en prevención o pagar las consecuencias de la inacción. Los datos muestran que el coste de no hacer nada es exponencialmente mayor que el coste de adaptarse. Las voces expertas coinciden: tecnología sí, pero acompañada de políticas valientes, planificación territorial e inversión coherente.
EN RECONSTRUCCIÓN
Carmen Grau Vila, investigadora sobre prevención y gestión de catástrofes en la Universidad de Waseda (Japón) y miembro del recién creado Observatorio Valenciano de Resiliencia Climática y Gestión de la Dana
Carmen Grau Vila
¿Qué tecnologías emergentes pueden mejorar la prevención de fenómenos naturales?
La tecnología puede ser una gran aliada para desarrollar aplicaciones, recabar datos al momento y perfilar sistemas de alerta temprana, pero es fundamental que se combine con la otra cara de la gestión de emergencias, que es la humana. Tras la tecnología está el ser humano. Los datos se deben poder interpretar y ser difundidos para una comprensión rápida de los fenómenos. Los mapas de riesgo, por ejemplo, son una herramienta clave en emergencias, pero en muchas ocasiones no son conocidos por la ciudadanía local, les faltan elementos para una buena comprensión y no están bien integrados en los planes de emergencias. Esto deriva en falta de información y preparación. Y al momento de la emergencia, lo que más nos puede ayudar es precisamente eso.
¿Qué prácticas de Japón cree que España debería adoptar?
Mi trabajo está centrado en el modelo de gestión de desastres de Japón, por su larga trayectoria y porque es un referente internacional. No solo en Asia, también en países de América Latina y particularmente desde los años noventa en los marcos internacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas (UNDRR). Para el caso de Valencia, personalmente estoy desarrollando transferencia de conocimientos y aplicando medidas de Japón en diversos pueblos, como un sistema de evacuación para personas vulnerables, integrando el enfoque de género, un protocolo de alertas y actuación, entre otras. Juntamente con colegas de la UPV y UV, lo estamos trabajando con ayuntamientos afectados por la DANA para mejorar sus planes municipales de inundación. Considero que es un proyecto muy importante a nivel local, pero veo urgente aplicar una estrategia nacional y autonómica para todo el territorio.
¿Qué cambios estructurales debería acometer España en los próximos años?
España está trabajando desde septiembre en un pacto de Estado para la emergencia climática. A través del asesoramiento científico en varios ministerios, me han invitado a participar del proceso y he hecho propuestas. Los científicos estamos haciendo aportaciones para contribuir y veo positivo que se acuda a la ciencia para tomar decisiones. Es un paso, pero es urgente que se traslade del papel a la acción y se destinen mayores recursos económicos.