GettyImagenEspaña se enfrenta a la posibilidad de acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no acelera la incorporación de la nueva normativa comunitaria contra el ‘ecopostureo’, tras el procedimiento de infracción abierto este jueves por la Comisión Europea.
El expediente sancionador supone un nuevo aviso a las autoridades españolas por no haber transpuesto completamente la Directiva (UE) 2024/825, cuyo plazo límite expiró el pasado 27 de marzo.
Bruselas considera que el retraso en la adaptación normativa vulnera las obligaciones de España como Estado miembro.
El procedimiento arranca con una carta de emplazamiento, primer paso formal dentro del proceso de infracción, que abre un plazo de dos meses para que el Gobierno complete la transposición y lo notifique a la Comisión.
La normativa en cuestión refuerza la protección del consumidor frente a las alegaciones medioambientales engañosas y busca combatir el denominado ‘greenwashing’.
Además, introduce medidas para mejorar la información disponible sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos.
En paralelo, la directiva también pretende frenar la obsolescencia prematura, obligando a las empresas a ofrecer datos más claros sobre garantías legales y vida útil de los bienes de consumo.
Si España no corrige la situación dentro del plazo establecido, la Comisión podrá avanzar en el procedimiento con la emisión de un dictamen motivado.
Este paso constituye la antesala de la posible denuncia ante el TJUE, con el consiguiente riesgo de sanciones económicas.
Medidas anti “ecopostureo”
El incumplimiento no solo expone al país a un posible proceso judicial europeo, sino también a una creciente presión política y regulatoria por parte de Bruselas en materia de consumo sostenible.
El caso de España no es aislado. La Comisión ha abierto expedientes similares contra otros Estados miembros como Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Suecia, entre otros, por no haber completado la transposición en plazo.
La ofensiva comunitaria forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la transparencia en las declaraciones medioambientales de las empresas y mejorar la información disponible para los consumidores europeos.