GettyImagesLas reglas del juego cambian para las empresas europeas. Los Veintisiete han aprobado una reforma que rebaja de forma significativa las exigencias de sostenibilidad y diligencia debida, en un movimiento que busca aliviar la carga regulatoria y reforzar la competitividad del tejido empresarial comunitario.
La modificación limita la obligación de reportar información ambiental y social a grandes compañías con más de 1.000 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros.
Para miles de empresas españolas, especialmente pymes, esto supone quedar fuera de un marco que en los últimos años había elevado los costes administrativos y de cumplimiento.
Bruselas justifica la medida como parte de su estrategia de simplificación normativa.
El objetivo es claro: reducir burocracia y evitar que las pequeñas y medianas empresas asuman exigencias desproporcionadas, incluidas aquellas derivadas de grandes socios comerciales que trasladaban obligaciones de información a lo largo de la cadena de suministro.
La reforma también redefine el alcance de la diligencia debida. Solo estarán sujetas a controles reforzados las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros, tanto europeas como de terceros países que operen en la UE.
Los cambios de sostenibilidad
Estas compañías deberán analizar riesgos sobre derechos humanos y medio ambiente, aunque podrán concentrar sus verificaciones en áreas de mayor probabilidad de impacto.
Otro cambio relevante es la eliminación de la obligación de aprobar un plan específico de transición climática.
Además, desaparece el régimen armonizado de responsabilidad civil a escala europea, lo que implica que las sanciones quedarán en manos de cada Estado miembro, con un límite máximo del 3% de la facturación neta mundial de la empresa.
El calendario también se ajusta. Los países dispondrán de un año adicional para adaptar la directiva a su normativa interna, hasta julio de 2028, y las empresas deberán cumplir las nuevas exigencias antes de julio de 2029.
Para las compañías españolas, la reforma supone un alivio regulatorio inmediato para las pymes y una redefinición estratégica para las grandes corporaciones, que deberán adaptar sus sistemas de control y reporte a un marco más flexible, pero igualmente exigente en materia de sostenibilidad.