Óscar López Águeda, ministro para la Transformación Digital y de la Función PúblicaEl Gobierno ha puesto en marcha uno de los mayores concursos públicos del sector de las telecomunicaciones en los últimos años, valorado en más de 381 millones de euros. Este proceso, gestionado por el Ministerio de Transformación Digital, busca adjudicar los servicios de telecomunicaciones a operadores como Telefónica, Masorange y Vodafone, en un procedimiento que debe resolverse a contrarreloj antes de marzo de 2025, fecha fijada para el inicio de ejecución del contrato.
Cambios y polémicas en los lotes del concurso
El proceso no ha estado exento de controversias. En respuesta a una queja formal de Vodafone, el diseño original de los lotes fue modificado en septiembre. Inicialmente, la red nacional, que incluía servicios de red fija, móvil y redes multiservicio, estaba agrupada en un solo paquete, algo que, según los competidores, favorecía a Telefónica. Finalmente, las redes multiservicio fueron separadas en un conjunto independiente, aunque la decisión no terminó de satisfacer a los operadores rivales.
Este ajuste llega en un contexto de críticas recurrentes hacia la gestión de grandes contratos públicos de telecomunicaciones. Casos anteriores, como los concursos de Correos y la Agencia Tributaria, también estuvieron marcados por reclamaciones y ajustes posteriores.
Plazos ajustados y ejecución prevista para marzo de 2025
La adjudicación y formalización de este contrato enfrenta un calendario apretado. A finales de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el gasto necesario para este concurso. Sin embargo, aún faltan por publicarse los pliegos técnicos y económicos, que establecerán los criterios de selección para las ofertas de las operadoras.
El plazo de ejecución, que comenzará el 1 de marzo de 2025 y se extenderá durante 45 meses, obliga a que las ofertas se presenten, evalúen y adjudiquen antes de finales de febrero. Comparativamente, el procedimiento del contrato vigente, iniciado en 2018, tardó más de 18 meses en completarse, por lo que esta nueva licitación se enfrenta a una tramitación exprés.
Un contrato estratégico para la Administración General del Estado
Este concurso destaca por su relevancia y alcance. Incluye servicios esenciales como la interconexión de los centros de datos de la Administración General del Estado, un lote que tiene un presupuesto de 78 millones de euros. Pese a los ajustes en los lotes, el contrato sigue siendo el más grande de los últimos cinco años en el sector.
Además del tamaño del contrato, la competencia entre los principales operadores será intensa, con los equipos jurídicos de las empresas evaluando cada detalle del procedimiento para evitar situaciones que puedan beneficiar a algún contendiente. Transformación Digital deberá garantizar la transparencia y equidad en un proceso que podría definir el mapa del sector de telecomunicaciones públicas en España durante los próximos años.
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