CNEEl anteproyecto de ley que busca restaurar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha avanzado en su trámite legislativo. Actualmente, el texto se encuentra en manos del Consejo de Estado, que deberá emitir su dictamen preceptivo. Este paso sigue a la revisión por el Ministerio de Hacienda, donde el documento ha estado estancado durante varias semanas.
El ministerio dirigido por María Jesús Montero ha analizado la posibilidad de introducir un cambio en el anteproyecto para dotar de más autonomía financiera al futuro regulador de la energía. Concretamente, se consideró que su presupuesto fuera “estimativo” en lugar de “limitativo”, como figura en el artículo 29 del texto en trámite. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha rechazado esta modificación, solicitada previamente por la propia CNMC en un informe aprobado en marzo.
El papel de Hacienda y el proceso legislativo
A pesar de la posibilidad de que el Gobierno introduzca cambios en el citado artículo, la opinión del Ministerio de Hacienda se considera decisiva. No obstante, durante el trámite parlamentario, que se espera comience una vez que el Consejo de Estado publique su dictamen y que el Consejo de Ministros remita el proyecto de ley a las Cortes, podrían introducirse enmiendas para ajustar el texto.
El artículo 29 del anteproyecto establece que la CNE se financiará principalmente a través de las asignaciones anuales en los Presupuestos del Estado, bajo un régimen de carácter limitativo y vinculante, similar al de otros organismos autónomos. El estatuto orgánico de la CNE, que será aprobado mediante real decreto por el Gobierno, definirá las funciones y la estructura interna del regulador.
Renovación de la CNMC y Designación de Nuevos Consejeros
Paralelamente, el Gobierno está trabajando para cubrir las cinco vacantes acumuladas en el consejo de la CNMC desde el verano pasado. Este proceso se ha visto facilitado tras el acuerdo con el Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes políticas aseguran que el Ejecutivo quiere cubrir estas vacantes este mismo mes, aunque algunos consideran que este plazo es precipitado y que los nuevos consejeros no podrían jurar su cargo hasta septiembre.
El Gobierno también tiene previsto designar a 16 miembros de distintos organismos, incluidos los siete de la nueva CNE, que se espera entre en funcionamiento a principios de 2025. Los nombramientos más urgentes son los de la CNMC, RTVE y el Banco de España. Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, finalizó su mandato el 10 de junio, y Margarita Delgado, la subgobernadora, ocupa su cargo de manera interina hasta que expire su mandato en septiembre.
Negociaciones políticas y candidatos
En cuanto a la CNMC, uno de los puestos vacantes podría ser ocupado por un consejero propuesto por el PNV, posiblemente alguien con perfil energético ligado al Ente Vasco de la Energía. Este consejero podría ser trasladado a la nueva CNE el próximo año. Respecto a los otros cuatro puestos, el Gobierno debe decidir si ofrece dos o uno al PP, que actualmente no tiene representación en el consejo.
Los ministerios de Economía, Transición Ecológica y Transformación Digital también están involucrados en la propuesta de candidatos. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, supervisa la CNMC; Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, maneja el sector energético hasta la segregación de la CNE; y José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital, reclama derechos sobre el regulador de telecomunicaciones, que seguirá integrado en la CNMC.
Futuras modificaciones en otros órganos reguladores
Además de los cambios en la CNMC y el Banco de España, se prevé la renovación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en diciembre, cuando caducan los mandatos del presidente Rodrigo Buenaventura y la vicepresidenta Montserrat Martínez. Si Martínez asume un nuevo cargo en el Banco de España en septiembre, su relevo en la CNMV podría adelantarse.
El avance del anteproyecto de ley y la renovación de los órganos reguladores representan un esfuerzo del Gobierno por reforzar la estructura institucional y garantizar una mayor eficiencia en la regulación del sector energético y otros sectores clave.
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