La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por considerar que dos normas nacionales, aprobadas en 2014 y 2015, vulneran el derecho comunitario al conceder al Gobierno poderes discrecionales para intervenir en fusiones y adquisiciones bancarias, como es el caso de la actual opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell.
Según Bruselas, estas normas no solo otorgan al Ministerio de Economía una capacidad de intervención sin límites, sino que también invaden competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE). Además, suponen una restricción injustificada a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales, pilares fundamentales del mercado único europeo.
Un conflicto esperado
El enfrentamiento entre Bruselas y Madrid se venía gestando desde mayo, tras el anuncio del BBVA de lanzar una opa hostil sobre el Sabadell el 9 de mayo de 2024. Apenas dos días después, un ciudadano español alertó a la Comisión de que la Ley de Entidades de Crédito (diciembre de 2014) y su reglamento de desarrollo (febrero de 2015) podrían contradecir la normativa europea. Ante la falta de acuerdo en los contactos mantenidos desde entonces con el Gobierno español, la Comisión ha decidido activar formalmente el expediente.
La crítica de fondo: obstáculos a la Unión Bancaria
La apertura de este procedimiento refleja el malestar de Bruselas por los obstáculos que los gobiernos nacionales siguen imponiendo a las operaciones corporativas entre entidades financieras, pese a defender públicamente la Unión Bancaria. La Comisión recuerda que la consolidación del sector bancario es esencial para la eficiencia del capital en la UE y para ofrecer productos financieros competitivos a ciudadanos y empresas, en línea con los objetivos de la Unión del Ahorro y la Inversión.
“Las fusiones bancarias benefician a la economía europea y refuerzan la Unión Bancaria”, subraya el comunicado del equipo de la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, quien lidera esta iniciativa, no la Comisaría de Competencia que ocupa Teresa Ribera, por tratarse de un asunto vinculado a supervisión financiera y libre circulación de capitales.
¿Qué consecuencias tiene el expediente?
Por el momento, la apertura del procedimiento no modifica ni suspende la opa en curso del BBVA sobre Sabadell, pero sí inicia un proceso legal que podría terminar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE e incluso en una multa para España, si no se modifica la normativa.
El procedimiento se desarrolla en varias fases:
Carta de emplazamiento: España recibirá en breve una notificación formal con la petición de modificar la legislación cuestionada.
Respuesta en dos meses: El Gobierno tiene 60 días para responder. Si la respuesta no convence a la Comisión…
Dictamen motivado: Bruselas emitiría un dictamen exigiendo cambios concretos y otorgando un nuevo plazo.
Posible recurso judicial: Si persiste el incumplimiento, la Comisión puede llevar a España ante el TJUE.
España: líder en expedientes abiertos
Con 91 procedimientos de infracción abiertos, España es uno de los Estados miembro más señalados por Bruselas, especialmente en cuestiones relacionadas con el mercado único. Además, es también uno de los países que más tarda en corregir las deficiencias identificadas por las instituciones europeas.
El caso BBVA–Sabadell no solo es un asunto corporativo. Se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre soberanía nacional y normativa comunitaria en materia económica. La reacción de Bruselas refuerza su intención de consolidar una arquitectura financiera integrada en Europa, sin injerencias políticas arbitrarias.
Economía se compromete a cooperar con Bruselas
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha anunciado su plena disposición a colaborar con la Comisión Europea para aclarar las posibles diferencias jurídicas derivadas del procedimiento de infracción abierto por Bruselas contra España, a raíz de la normativa aplicada en la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell.
Según fuentes ministeriales, España enviará su respuesta en el plazo de dos meses establecido por la Comisión Europea y mantendrá una actitud de “cooperación constructiva” para explicar cualquier discrepancia jurídica o técnica. “El Gobierno reafirma su firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho”, han señalado.
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