BruselasLa Comisión Europea ha advertido este jueves que podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no implementar las medidas necesarias para trasponer el nuevo tipo mínimo global del 15% en el impuesto sobre sociedades para multinacionales y grandes grupos empresariales. Junto a España, Polonia, Letonia, Lituania, Chipre y Portugal también han recibido esta alerta por parte del Ejecutivo europeo.
Dictamen motivado y plazo de dos meses
Bruselas ha emitido un dictamen motivado a estos Estados miembros, quienes ahora disponen de dos meses para aclarar sus dudas y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría decidir remitir el caso al TJUE. «Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor las leyes necesarias para cumplir con la directiva del pilar 2 antes del 31 de diciembre de 2023. Hasta la fecha, la mayoría de los Estados miembros de la UE han cumplido estas obligaciones. Sin embargo, España, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal aún no han notificado sus medidas nacionales de aplicación», señala la Comisión en su comunicado.
Acuerdo global y su implementación
La directiva se deriva de un acuerdo alcanzado en 2021 en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para reformar las reglas fiscales globales. El objetivo es frenar la competencia fiscal a la baja entre países y reducir los incentivos para que las empresas transfieran sus ganancias a territorios con bajos impuestos. La OCDE estima que este tipo mínimo global podría generar unos 220.000 millones de dólares adicionales (200.000 millones de euros) a nivel mundial.
Este tipo mínimo del 15% solo se aplica a grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, con ingresos consolidados iguales o superiores a 750 millones de euros y con presencia en un Estado miembro de la UE. Así, se pretende asegurar que las grandes corporaciones, que han aprovechado la globalización y digitalización para minimizar sus impuestos, paguen una cantidad mínima en el impuesto de sociedades.
Situación en España
El Gobierno español aprobó en diciembre un anteproyecto de ley para transponer la directiva europea sobre el tipo mínimo de sociedades. “El objetivo de este anteproyecto es adaptar al marco legal español los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en los foros e instituciones globales como el G-20, la OCDE o la UE, para luchar contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales”, declaró entonces el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el proceso de transposición aún no ha concluido, motivo por el cual Bruselas ha intervenido.
Aunque España ya cuenta con un impuesto mínimo del 15% sobre las grandes empresas desde 2022, este se aplica sobre la base imponible, mientras que la figura europea se calcula sobre el resultado contable ajustado, que se asemeja más a los beneficios. La directiva contiene normas comunes para calcular y recaudar este «impuesto complementario».
Problemas con la Directiva sobre fusiones
Además del tema del tipo mínimo global, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el TJUE por no eliminar las condiciones para beneficiarse de un aplazamiento en el pago de impuestos tras una división empresarial, contrarias a la legislación europea. La directiva comunitaria sobre fusiones permite aplazar el pago de impuestos sobre ganancias de capital resultantes de una reorganización empresarial, hasta la venta de los activos o acciones.
La normativa española, sin embargo, solo concede este aplazamiento si los accionistas reciben la misma proporción de acciones en todas las empresas resultantes de la división, lo cual no es requerido por la legislación de la UE. La Comisión había abierto expediente por este motivo en 2019 y, tras un diálogo infructuoso con las autoridades españolas, considera que los esfuerzos realizados han sido insuficientes.
Posibles Sanciones
La Comisión podría solicitar al TJUE que imponga una multa a España por este incumplimiento. La aplicación inadecuada de estas normas crea una distorsión en el mercado interior, genera desigualdad entre las empresas y contribuye a la incertidumbre legal, según ha afirmado el Ejecutivo comunitario.
En resumen, la Comisión Europea ha intensificado la presión sobre varios Estados miembros, incluyendo España, para que cumplan con sus obligaciones fiscales a nivel comunitario, destacando la importancia de una implementación adecuada de las normas fiscales para mantener la equidad y competitividad en el mercado europeo.
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