Getty ImagesLa Comisión Europea ha aprobado una modificación normativa que reduce de forma significativa las obligaciones de información financiera que los Estados miembro deben cumplir en relación con sus empresas de titularidad pública. Con esta decisión, adoptada mediante la actualización de la directiva sobre la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados y las empresas públicas, se elimina la exigencia de presentar informes anuales, una medida que busca simplificar los procesos administrativos y aliviar la carga regulatoria sobre las administraciones nacionales y las propias compañías.
Según ha explicado Bruselas, esta reforma forma parte del objetivo más amplio de la Comisión de reducir en un 25% las cargas asociadas a los requisitos de información, en línea con los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda para una Regulación Mejor. El Ejecutivo comunitario considera que muchas de las exigencias actuales han quedado obsoletas o generan una carga desproporcionada en relación con los beneficios que aportan en términos de control o supervisión.
La medida afecta directamente a las empresas estatales o participadas por el sector público, incluidas entidades como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en España, que hasta ahora estaban obligadas a reportar de forma sistemática toda relación financiera con la administración pública. A partir de ahora, esa obligación se verá limitada a casos en los que se considere estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de los principios de competencia leal, transparencia y control del gasto público.
No obstante, la Comisión subraya que esta flexibilización no implica una relajación en los estándares de transparencia, ya que se mantendrán las condiciones esenciales que garantizan una supervisión adecuada de las relaciones económicas entre los Estados y sus empresas. Las autoridades nacionales seguirán obligadas a comunicar la información pertinente cuando se trate de operaciones relevantes o susceptibles de afectar al mercado, pero se elimina la obligatoriedad de presentar informes rutinarios de carácter anual.
Con esta reforma, Bruselas busca un equilibrio entre el control institucional y la eficiencia administrativa, confiando en que la reducción de requisitos innecesarios permita optimizar recursos y favorecer un entorno regulatorio más ágil, sin poner en riesgo los principios que rigen la actuación de las entidades públicas en el mercado.
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