Ursula von der LeyenLa Comisión Europea ha avanzado en los borradores del próximo presupuesto comunitario (2028-2034) una ambiciosa propuesta para incrementar los ingresos propios de la UE mediante la creación de nuevos impuestos europeos. Entre ellos destaca un nuevo tributo dirigido a las empresas que facturen más de 50 millones de euros netos anuales y operen en el mercado único, con el objetivo de que estas contribuyan directamente al presupuesto de la Unión.
Este impuesto, denominado “recurso corporativo para Europa” (CORE), se establecería como una contribución anual a tanto alzado, graduada en función del volumen de negocio neto, de modo que las empresas con mayor facturación paguen más según un sistema de tramos. La medida está diseñada para excluir a pequeñas y medianas empresas, así como a entidades sin ánimo de lucro, asegurando que el impacto recaiga en grandes corporaciones.
Además del CORE, Bruselas plantea dos impuestos adicionales: uno sobre los residuos eléctricos y electrónicos no reciclados y otro que provendría del impuesto especial al tabaco, aunque todavía no se han detallado las cantidades que se esperan recaudar con estas nuevas figuras tributarias.
Por otro lado, la Comisión Europea propone reducir el plazo para invertir los fondos de cohesión, que actualmente permite gastar las ayudas hasta tres años después del ejercicio presupuestario de referencia. Para el nuevo marco 2028-2034, Bruselas plantea limitar ese periodo a solo un año, lo que supone un recorte significativo y obliga a una gestión más rápida de los fondos.
El contexto económico y político en que se presentan estos impuestos es complejo. La UE afronta importantes desafíos como la transición ecológica y digital, el aumento del gasto en defensa, la gestión de la migración y la resiliencia ante perturbaciones externas. A ello se suma la necesidad de comenzar a devolver la deuda del Fondo de Recuperación a partir de 2028, lo que reducirá el margen de gasto en otras áreas clave.
España, entre otros, ha planteado alternativas para financiar estas necesidades, incluyendo la emisión de más deuda común o el aumento de las aportaciones de los Estados miembros, pero se ha encontrado con el rechazo de países como Alemania, que apuesta por fortalecer los recursos propios de la UE en línea con estas propuestas.
Cabe destacar que, en este borrador, no aparece la ya conocida tasa digital, que afecta a los servicios digitales de grandes tecnológicas, debido a las dificultades internacionales y la resistencia de Estados Unidos. Algunos expertos interpretan su ausencia como una posible cesión de Bruselas para facilitar acuerdos comerciales y evitar la escalada arancelaria estadounidense que podría activarse el próximo 1 de agosto.
En resumen, Bruselas avanza con un paquete de medidas fiscales que buscan dotar a la UE de mayor autonomía financiera, pero las cifras y detalles finales aún están pendientes y su aplicación deberá sortear importantes debates políticos entre los Estados miembros.
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