Carlos CuerpoEl ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, comparecerá este lunes en el Congreso de los Diputados para informar sobre el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea contra España, motivado por la legislación utilizada por el Gobierno en el marco de la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell.
Aunque el motivo principal de su intervención en la Comisión de Economía será explicar el avance del decreto antiaranceles aprobado en mayo para contener las amenazas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, se espera que la comparecencia gire también en torno a otros asuntos clave, incluyendo las ayudas tras la DANA y, especialmente, el controvertido expediente europeo.
Bruselas cuestiona el marco legal español
El foco de atención estará en la respuesta del Ejecutivo a la ofensiva del BBVA sobre Sabadell, ya que la Comisión Europea considera que la normativa aplicada permite al Gobierno intervenir más allá del interés general, algo que vulneraría los principios de libre competencia y armonización legal en la UE.
Vox, uno de los grupos parlamentarios con presencia en la comisión, ha solicitado explicaciones específicas sobre las condiciones impuestas por el Ejecutivo a la operación de fusión bancaria que, según afirman, han provocado «las alarmas» en Bruselas.
Colaboración sin renunciar a la soberanía normativa
El propio Carlos Cuerpo ha reconocido públicamente su desacuerdo con la postura de la Comisión Europea, pero ha subrayado la voluntad del Gobierno de colaborar “de manera constructiva” en el procedimiento iniciado. No obstante, también dejó claro que España defiende la legalidad de su legislación nacional, que considera compatible con el interés general y la supervisión del sistema financiero.
Este procedimiento podría prolongarse durante años, y su desenlace será clave para definir los límites de intervención estatal en operaciones corporativas estratégicas dentro de la Unión Europea.
La comparecencia se produce en un contexto económico y político sensible, en el que España también debe definir su posición frente a los aranceles de EE. UU., al tiempo que trata de preservar la seguridad jurídica en el ámbito bancario y responder a las emergencias climáticas con ayudas directas tras fenómenos extremos como la reciente DANA.
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