Isabel Pardo de VeraEl juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha impuesto medidas cautelares a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, en el marco del ‘caso Koldo’, que investiga una presunta trama de corrupción vinculada a contratos de obra pública.
Ambos comparecieron este lunes como imputados y, aunque el magistrado no aprecia riesgo de fuga, ha ordenado la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país a petición de la Fiscalía Anticorrupción, respaldada por las acusaciones populares, entre ellas la del Partido Popular.
El juez les imputa los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que existen “motivos suficientes para considerarles responsables criminalmente”, según consta en los autos.
Grabaciones e intercesiones sospechosas
La decisión judicial se fundamenta en grabaciones y conversaciones recopiladas por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, en las que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, habría intercedido con insistencia ante Pardo de Vera y Herrero para favorecer a constructoras como LIC, Acciona y OPR.
En una conversación del 18 de noviembre de 2020, García presionó a Pardo de Vera para adjudicar un contrato a LIC, a lo que ella respondió que hacerlo de nuevo «iba a cantar», aunque prometió «mirarlo». Un mes después, Adif adjudicó a LIC una obra de emergencia en Asturias por 592.000 euros.
Además, la UCO destaca un caso en Extremadura en 2019, en el que Koldo envió a Pardo de Vera una imagen manipulada de una licitación, presuntamente para favorecer a Acciona, mostrando su malestar por el resultado. También hay registros de su intervención en adjudicaciones en Sant Feliú de Llobregat y en la línea de AVE a Elche.
Contratación de la expareja de Ábalos y más adjudicaciones irregulares
Otro foco de la investigación apunta a la contratación presuntamente irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas. El juez considera que Pardo de Vera tuvo una «participación decisiva» en esa incorporación.
En el caso de Javier Herrero, el magistrado señala que, «a petición de Koldo», habría favorecido recurrentemente a constructoras, participando en adjudicaciones sospechosas como la del Puente del Centenario en Sevilla (71,4 millones de euros), que generó tensiones con el entonces secretario de Estado, Pedro Saura.
También está vinculado a adjudicaciones como la de Logroño (92,4 millones a Acciona y Aquaterra), y otras en la A-63 (Asturias), la A-32 (Linares-Albacete) y la N-322 (Úbeda-Torreperogil), además de obras en Teruel y en el Camino de Santiago (A-12).
Próximos pasos en una trama de alcance nacional
El juez ha subrayado que las medidas cautelares adoptadas tienen por objeto evitar interferencias en la causa, ya que la documentación ya ha sido incautada y se encuentra bajo custodia judicial. La causa, con múltiples ramificaciones, salpica a varios ex altos cargos del Ministerio de Transportes y a grandes constructoras, en lo que podría convertirse en una de las mayores tramas de corrupción en obra pública de la última década.
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