Javier VillagránEl ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido este lunes en el Congreso de los Diputados la decisión del Gobierno de imponer restricciones a la opa del BBVA sobre Sabadell, argumentando que la norma utilizada está alineada con la legislación europea y que crea un precedente para que las fusiones no impliquen despidos. La comparecencia del ministro se produjo en respuesta al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por el procedimiento legislativo que permite al Gobierno imponer condiciones en operaciones corporativas de esta naturaleza.
Aunque el objetivo inicial de la comparecencia era informar sobre el decreto para contener las amenazas arancelarias de Estados Unidos, varios grupos parlamentarios, entre ellos Vox, PP y Sumar, aprovecharon la ocasión para cuestionar a Cuerpo sobre las restricciones aplicadas a la opa. La Comisión Europea considera que las normas españolas, vigentes desde 2014 y 2015, otorgan poderes discrecionales sin límites al Ministerio de Economía, vulnerando además las competencias del Banco Central Europeo. El Ejecutivo comunitario sostiene que las condiciones impuestas exceden el interés general que justifica la intervención estatal.
En su intervención, Cuerpo reiteró que el Gobierno actuó “por razones de interés general” y aseguró que colaborará de forma constructiva con la Comisión Europea. El ministro defendió la medida que obliga a BBVA a no fusionarse con Sabadell durante al menos tres años, prorrogables a cinco, calificándola de “precedente” para fomentar fusiones que generen valor para los accionistas sin que ello conlleve despidos o cierres de oficinas. “Lo que estamos poniendo sobre la mesa es la creación de un precedente según el cual se puede generar valor sin que ese valor derive exclusivamente de sinergias basadas en recortes de empleo o cierre de oficinas”, afirmó.
Cuerpo destacó que la operación de BBVA no responde a una situación problemática, ya que ambas entidades están “perfectamente saneadas en términos de liquidez y solvencia”. Añadió que la decisión del banco presidido por Carlos Torres de continuar con la opa demuestra que puede haber valor para los accionistas sin perjudicar los intereses generales.
El ministro recordó que la actuación del Consejo de Ministros se ajusta a la Ley de Defensa de la Competencia, que está alineada con la normativa europea en materia de unión bancaria y libre circulación de capitales. Esta ley permite al Ejecutivo imponer condiciones adicionales a las establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por motivos distintos a la competencia. Asimismo, señaló que la operación fue previamente examinada y autorizada por el Banco Central Europeo, el Banco de España y la autoridad que dirige Cani Fernández, que decidió abrir una segunda fase con condiciones para su aprobación.
Finalmente, dirigiéndose al portavoz del PP, Agustín Conde, Cuerpo pidió mayor precisión en los argumentos políticos para evitar confusiones y aclaró que el Gobierno no ha actuado bajo la ley de solvencia bancaria, pues todavía no se ha solicitado formalmente la autorización para la fusión, ya que la adquisición no se ha completado.
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