Ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEl conflicto fiscal más longevo entre las grandes empresas del Ibex 35 y las instituciones europeas ha dado un giro definitivo. Tras más de 15 años de batalla judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado a favor de las compañías españolas, invalidando las resoluciones de la Comisión Europea que calificaban como ilegales ciertas ayudas fiscales impulsadas durante el Gobierno de José María Aznar, bajo la dirección económica de Rodrigo Rato.
A raíz del histórico dictamen, empresas como Telefónica, Iberdrola y Ferrovial han presentado una reclamación millonaria contra la Agencia Tributaria, exigiendo la devolución de más de 2.500 millones de euros en concepto de deducciones fiscales relacionadas con el fondo de comercio financiero en adquisiciones internacionales, según adelanta El País.
El fallo representa un fuerte impacto para las arcas públicas. Según estimaciones, la devolución de estos importes —junto a los intereses y a los activos fiscales diferidos que podrían activarse— podría suponer un coste de hasta 10.000 millones de euros para el Estado español.
El origen de la disputa
La controversia se remonta a 2001, con la aprobación de la Ley 24/2001, que permitía a multinacionales españolas deducir el fondo de comercio resultante de la compra de empresas extranjeras, una medida que buscaba incentivar su internacionalización. Sin embargo, la Comisión Europea consideró este régimen como una ayuda estatal incompatible con el mercado común, emitiendo varias resoluciones entre 2009 y 2014 en contra de su legalidad.
A pesar de ello, la defensa jurídica de las empresas —a cargo de bufetes como Garrigues, Cuatrecasas, Pérez-Llorca o Latham & Watkins— logró revertir progresivamente dichas decisiones. Finalmente, el TJUE avaló el argumento de que las compañías actuaron conforme a la legislación vigente en su momento, y respaldó el principio de confianza legítima como piedra angular de su sentencia.
¿Qué empresas y cuánto reclaman?
Según los últimos informes de auditoría:
Telefónica reclama cerca de 1.500 millones de euros.
Iberdrola, alrededor de 760 millones.
Ferrovial, unos 51 millones, más intereses de demora.
A ellas podrían sumarse firmas como Banco Santander, Agbar/Veolia, Abertis, ArcelorMittal o Axa España, bien como reclamantes o beneficiarias indirectas del precedente.
Tensión fiscal y contexto político
El fallo llega en un momento especialmente sensible. El Gobierno actual aplica desde hace meses graves fiscales extraordinarios a bancos y energéticas tras los beneficios récord generados por la subida de tipos de interés y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.
A pesar de estos gravámenes, los grandes bancos han presentado beneficios históricos en el primer semestre de 2025, alimentando el debate público sobre la justicia fiscal y la equidad en la recaudación tributaria.
Este triunfo judicial se suma a otros éxitos del Ibex en disputas con la administración, como en los casos del canon hidráulico o los activos fiscales posteriores a la crisis financiera de 2008.
Una victoria con consecuencias
El caso refuerza el principio jurídico de la confianza legítima y podría sentar precedente para futuras disputas fiscales. Pero también supone un importante reto para el Presupuesto del Estado, que deberá enfrentarse al pago de estas sumas en un contexto de alta tensión fiscal y de presión sobre el déficit público.
Para Hacienda, la decisión del TJUE representa un golpe tanto económico como simbólico, mientras las empresas celebran una victoria largamente esperada. Ahora, el foco se traslada a la negociación sobre los tiempos y formas de devolución, en lo que podría ser una nueva etapa del conflicto entre el Ibex y la Administración tributaria española.
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